El Ministerio de Economía aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Corredores Viales Sociedad Anónima, la empresa que actúa bajo la órbita de la Secretaría de Transporte. La resolución fija un escenario de fuerte desequilibrio operativo: los gastos previstos más que duplican los ingresos propios de operación.

Para el próximo ejercicio, Corredores Viales estima ingresos operativos por $131.703 millones y gastos de operación por $302.711 millones. La diferencia arroja una pérdida operativa proyectada de $171.008 millones, un resultado que muestra que la actividad corriente no alcanzaría para cubrir los costos presupuestados.

El desbalance también aparece en las cuentas corrientes. La empresa calcula ingresos corrientes por $264.682 millones frente a gastos corrientes por $302.721 millones, con un resultado económico negativo de $38.039 millones. La brecha es menor que la operativa porque el presupuesto incorpora otros ingresos corrientes además de los vinculados directamente con la operación.

El resultado financiero estimado es un déficit de $25.576 millones. La cifra surge luego de sumar recursos de capital por $12.863 millones y descontar gastos de capital por $400 millones al resultado económico previsto. La diferencia entre la pérdida operativa y el déficit financiero indica que el presupuesto contempla recursos adicionales a la operación, aunque la resolución no detalla en su articulado cómo se cubrirá el desequilibrio.

La aprobación no implica por sí sola que el déficit vaya a materializarse exactamente en esos valores. Se trata de una estimación para 2026 y los anexos concentran el detalle de las partidas. Pero el presupuesto sí deja expuesta una dependencia relevante de ingresos distintos de la operación para sostener el funcionamiento de la empresa.

El dato importa porque Corredores Viales forma parte del entramado empresario bajo control estatal y sus resultados no quedan aislados de la discusión fiscal. Cuando una compañía pública proyecta gastos operativos muy superiores a sus ingresos propios, la diferencia requiere financiamiento, transferencias, mayores ingresos futuros o una reducción de costos. Cada alternativa tiene un costo económico y puede afectar otros usos posibles de los recursos públicos.

Para quienes utilizan las rutas, el presupuesto no permite afirmar cambios concretos en tarifas, obras o niveles de servicio, porque esos detalles no aparecen en el texto de la resolución. Sí aporta, en cambio, una señal sobre la tensión entre el costo de administrar la red vial y los recursos que la empresa espera generar por su actividad. La forma en que se cierre esa brecha será determinante para saber si el desequilibrio queda como una previsión contable o se transforma en una presión efectiva sobre las cuentas públicas.