El acuerdo de cooperación nuclear firmado por Estados Unidos y Arabia Saudita el 22 de julio superó una instancia clave en Viena, aunque todavía está lejos de quedar plenamente operativo. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó que Riad no suscribirá el Protocolo Adicional, pero otorgará a los inspectores facultades de verificación y monitoreo sobre el enriquecimiento de uranio, la conversión y el reprocesamiento.

Grossi describió esas atribuciones como “muy, muy similares” a las previstas por el Protocolo Adicional, que permite inspecciones sin aviso en instalaciones no declaradas. El acuerdo bilateral de salvaguardias todavía debe ser terminado y luego aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, integrada por 35 países. La diferencia formal con el régimen más exigente de inspección mantiene abierta una fuente de tensión con los grupos de no proliferación.

El pacto, conocido como acuerdo 123 por la sección de la Ley de Energía Atómica estadounidense que regula las exportaciones nucleares, pone fin a más de una década de negociaciones intermitentes. Washington habilita así la participación de empresas estadounidenses en la construcción de reactores en Arabia Saudita y deja abierta la posibilidad de que el reino desarrolle capacidad doméstica de enriquecimiento después de un estudio de dos años.

Cualquier planta de enriquecimiento posterior funcionaría bajo un esquema de “caja negra”: empresas estadounidenses operarían dentro de Arabia Saudita sin transferir la tecnología subyacente. El mecanismo busca combinar acceso saudita a una capacidad estratégica con límites a la difusión tecnológica, aunque representa una ruptura con el acuerdo firmado por Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos en 2009. Abu Dhabi renunció entonces de manera permanente al enriquecimiento y al reprocesamiento, en condiciones consideradas el estándar más estricto de la política estadounidense de cooperación nuclear.

La revisión del Congreso estadounidense comenzó a fines de agosto y tiene un plazo de 90 días. Los legisladores pueden permitir que el acuerdo entre en vigor por inacción o intentar bloquearlo mediante una resolución conjunta de rechazo, que luego debería superar un eventual veto presidencial. Dos cartas complementarias permanecen clasificadas, un elemento que agrega incertidumbre sobre los compromisos concretos asumidos por ambas partes.

Demócratas y algunos republicanos cuestionan que la autorización pueda estimular una carrera regional por el enriquecimiento. La objeción refleja un problema de incentivos: una concesión otorgada a Arabia Saudita puede convertirse en referencia para otros gobiernos que busquen capacidades similares, aun cuando la supervisión sea intensa. La Casa Blanca, en cambio, vincula la cooperación nuclear con una eventual adhesión saudita a los Acuerdos de Abraham y la normalización de relaciones con Israel, una decisión que Riad condiciona a avances hacia la creación de un Estado palestino.

Para Arabia Saudita, la energía nuclear forma parte de la estrategia Vision 2030, que procura diversificar una economía todavía dependiente de las exportaciones de petróleo. La construcción de reactores permitiría sumar una fuente de generación de largo plazo junto con las energías renovables, mientras que el acceso al ciclo nuclear reforzaría la autonomía energética y tecnológica del reino. Empresas estadounidenses como Westinghouse quedarían posicionadas para competir por contratos de reactores valuados en miles de millones de dólares, aunque el acuerdo no garantiza adjudicaciones.

La dimensión energética está atravesada por el deterioro de la seguridad regional. La guerra entre Israel e Irán del año pasado endureció los cálculos de los países del Golfo sobre disuasión nuclear, mientras que el príncipe heredero Mohammed bin Salman advirtió que Arabia Saudita buscaría un arma si Irán llegara a desarrollar una. La experiencia iraní también pesa en el debate: Teherán aplicó el Protocolo Adicional entre 2016 y 2021, hasta el colapso del acuerdo nuclear tras la salida de Estados Unidos en 2018.

El acuerdo queda así suspendido entre una oportunidad comercial y un riesgo de proliferación. Para Washington, ofrece a sus empresas acceso a un mercado nuclear y refuerza la relación estratégica con Riad; para Arabia Saudita, abre una vía de diversificación y de mayor capacidad energética. Pero la aprobación del régimen de salvaguardias por el OIEA, el contenido de las cartas clasificadas y la decisión del Congreso determinarán cuánto control efectivo acompañará a la promesa de cooperación.