Estados Unidos notificó al Congreso la posible venta a la Argentina de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk reacondicionados, en una operación cuyo techo asciende a US$140 millones. La autorización no equivale todavía a un contrato definitivo ni fija el monto que pagará Buenos Aires: habilita el proceso de Foreign Military Sale, mediante el cual el vendedor es el Gobierno estadounidense y no un intermediario privado.

La diferencia entre el límite autorizado y el costo esperado es relevante para las cuentas públicas. Infobae, a partir de la comunicación oficial, informó una estimación de US$40 millones, mientras que la notificación legislativa contempla hasta US$140 millones por el paquete completo. La cifra final dependerá de la negociación y de los componentes que se incorporen al contrato.

La operación no se limita a las aeronaves. Incluye dos motores General Electric T700-GE-701D, sistemas de referencia de rumbo y actitud, transpondedores de identificación amigo-enemigo, radios, equipos de navegación y localización de emergencia. También suma sistemas de extracción rápida, malacate, un Bambi Bucket para combatir incendios, cascos, repuestos, herramientas, documentación, capacitación de tripulaciones y apoyo logístico. Sikorsky, subsidiaria de Lockheed Martin, figura como contratista principal y no hay un acuerdo de compensaciones industriales registrado.

Para la Argentina, el objetivo operativo es reemplazar parte de una flota que todavía depende de helicópteros Bell UH-1H y Huey II con varias décadas de servicio. El Ejército ya cuenta con un solo Black Hawk, utilizado para transporte presidencial. Zona Militar señaló que los primeros cuatro aparatos podrían recibirse en diciembre, inicialmente en Estados Unidos para el entrenamiento de las tripulaciones, mientras que el analista Andrei Serbin Pont había proyectado una entrega inicial de dos unidades antes de fin de año y otras dos en 2027.

Los Black Hawk se integran a un programa de modernización militar más amplio. La Fuerza Aérea avanza con la incorporación de los F-16 adquiridos a Dinamarca y prueba enlaces de datos Link 16 entre esos cazas y los aviones de patrulla marítima P-3C Orion comprados a Noruega. El Ejército, además, recibió vehículos Stryker, moderniza tanques TAM 2C y sumó camiones Unimog U 4000.

La dimensión presupuestaria excede el precio de compra. El paquete incorpora capacitación, mantenimiento inicial, repuestos y soporte, pero la información disponible no permite calcular el costo total de operación durante la vida útil de los helicópteros. Esa diferencia es central: una adquisición con un límite de US$140 millones puede resolver una restricción operativa inmediata, aunque también compromete recursos futuros para sostener aeronaves, entrenar personal y preservar la disponibilidad de la flota.

La modernización enfrenta, además, un problema de capital humano. La diputada Agustina Propato, vicepresidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara baja, advirtió que los salarios militares perdieron 80 puntos porcentuales de poder adquisitivo desde 2023 y que 19.000 efectivos dejaron las Fuerzas Armadas durante el mismo período. La incorporación de equipamiento no sustituye a las tripulaciones, técnicos y personal de apoyo necesarios para convertir la inversión en capacidad efectiva.

El momento de la autorización agrega una señal diplomática a una operación de alcance militar limitado. La notificación estadounidense sostiene que la venta contribuirá a la seguridad de un aliado importante no perteneciente a la OTAN, al control fronterizo, la lucha contra el crimen transnacional y la respuesta ante desastres, y que no modificará el equilibrio militar básico de la región. Sin embargo, llega mientras Buenos Aires sancionó a 45 empresas por actividades petroleras vinculadas con las Malvinas, sumó denuncias contra ejecutivos y el presidente Javier Milei suspendió un viaje previsto a Londres.

Cuatro helicópteros no alteran por sí solos la ecuación militar del Atlántico Sur, pero sí profundizan la cooperación y la interoperabilidad entre la Argentina y Estados Unidos. Para Washington, la autorización funciona como respaldo a un socio regional; para Buenos Aires, abre una vía de actualización de capacidades que deberá sostenerse con disciplina presupuestaria y personal suficiente. La fecha de las primeras entregas será el próximo indicador de cuánto de la señal diplomática se convierte en capacidad operativa concreta.