El Gobierno de Javier Milei volvió a colocar la base naval integrada de Ushuaia entre las prioridades del presupuesto de 2027, en un momento de mayor tensión política alrededor de la disputa por las islas Malvinas. El proyecto busca convertir la zona en un centro militar, logístico y científico con proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida.

La decisión todavía está lejos de equivaler a una capacidad operativa. La obra, iniciada por el gobierno anterior en 2022, se encuentra paralizada y apenas tiene completado el 9%, de acuerdo con un informe oficial presentado ante el Congreso a mediados de 2025. En el predio de 38 hectáreas cercano al aeropuerto de Ushuaia solo existe una losa de hormigón de 2.500 metros cuadrados y no hay un cronograma informado para terminar la base.

El proyecto tiene además una definición política sensible. En 2024, Milei había planteado la posibilidad de una base conjunta con Estados Unidos, pero sus colaboradores luego descartaron esa alternativa. El vocero presidencial Adrian Ravier reafirmó que la instalación será “100% argentina” y que no existe colaboración material estadounidense para construirla.

La administración busca presentarla como un nodo logístico y científico, no como una plataforma de confrontación. Ravier sostuvo que la base brindará apoyo operativo y científico a la proyección argentina sobre la Antártida. Ushuaia ya alberga la Base Naval Integrada Almirante Berisso, creada en 1950 y utilizada como punto de partida para expediciones antárticas, cuyos equipos podrían ser aprovechados por la nueva instalación.

La ubicación explica el interés estratégico y económico del proyecto. Ushuaia se encuentra a unos 560 kilómetros de las islas Malvinas, sobre el canal Beagle, una vía de conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico. La concentración de infraestructura en esa zona puede mejorar la logística antártica y la vigilancia marítima, pero también exige convertir una prioridad presupuestaria en una obra concreta, con costos y plazos que todavía no fueron explicitados.

La disputa se superpone con otros intereses sobre el territorio y sus recursos. El Gobierno argentino presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion y elevó a 60 la cantidad de personas y compañías alcanzadas por procedimientos administrativos, que continúan abiertos y sin sanciones aplicadas. Además, el Departamento de Estado estadounidense aprobó una posible venta de cuatro helicópteros Black Hawk a la Argentina por US$140 millones.

El posicionamiento de Washington sigue siendo ambiguo. Donald Trump dijo en Dublín que un nuevo conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas sería un “potencial desastre” y que probablemente podría resolverlo. También puso en duda que Londres estuviera dispuesto a enviar fuerzas al Atlántico Sur y evitó afirmar si Estados Unidos respaldaría militarmente al Reino Unido. Washington no reconoce formalmente la soberanía argentina sobre las islas, aunque acepta la administración británica de facto y apoyó la campaña militar británica de 1982.

Las señales internacionales no se limitan a Estados Unidos. Cerca de Ushuaia avanza la construcción de una central térmica de 40 megavatios financiada por China, con una inversión de US$80 millones y finalización prevista para el año próximo. El gobernador fueguino Gustavo Melella afirmó que la planta aportará seguridad energética durante 35 años y respaldó la base naval siempre que no implique la participación de otros países.

El desafío para la Argentina consiste en evitar que la infraestructura estratégica quede reducida a una declaración de soberanía o a una herramienta de política exterior. Una base sin financiamiento definido, ejecución sostenida y funciones delimitadas no modifica el equilibrio militar del Atlántico Sur. En cambio, una obra efectivamente operativa podría reforzar la logística antártica, la presencia estatal y el control de un espacio cuyo valor excede la disputa por las Malvinas.