El Senado se encamina a debatir una reforma del régimen de biocombustibles que busca modificar el sistema vigente de cupos, precios y volúmenes de producción establecidos por la Secretaría de Energía. El proyecto ya cuenta con un dictamen de mayoría, aunque su tratamiento previsto no llegó a concretarse y quedó pendiente de una nueva convocatoria.

La iniciativa apunta a avanzar hacia un esquema con mayor participación de la oferta y la demanda. Según lo explicado durante el debate, la normativa actual determina mensualmente quién puede producir, cuánto debe fabricar, a qué precio y qué volumen deben comprar las refinerías a cada empresa.

El régimen también limita la posibilidad de que determinadas plantas participen simultáneamente del mercado interno y de la exportación. Las plantas de mayor escala pueden vender al exterior, pero no están autorizadas a comercializar en el mercado local, mientras que un aumento de la producción o de la capacidad instalada puede afectar el cupo asignado.

La discusión adquiere relevancia por la capacidad ociosa del sector. La capacidad instalada argentina de biodiésel fue estimada en 3,9 millones de toneladas, frente a un consumo interno de aproximadamente 800.000 toneladas. Esa diferencia permitiría ampliar el abastecimiento local sin requerir, según lo señalado, grandes inversiones adicionales.

El mercado interno podría alcanzar unos US$1.200 millones si el corte obligatorio llegara al 10%, de acuerdo con las estimaciones expuestas. Sumado a las exportaciones actuales, el valor del negocio superaría los US$3.500 millones, mientras que el potencial de expansión vinculado al combustible sustentable para aviación fue calculado en hasta US$20.000 millones anuales adicionales.

La industria también vincula la reforma con la seguridad energética y la diversificación de las exportaciones. El biodiésel utiliza aceites vegetales como materia prima y puede sustituir parte del gasoil importado. Además, la demanda internacional de combustibles sustentables para aviación podría aumentar en las próximas décadas: se mencionó un uso del 1% en la actualidad y una meta del 30% hacia 2050.

El cambio regulatorio tendría efectos directos sobre la cadena agroindustrial. La expansión del biodiésel podría elevar la demanda de aceites y granos, mientras que las plantas ubicadas en Santa Fe —que concentraría el 85% de la capacidad instalada y utilizaría cerca del 40%— tendrían margen para incrementar su actividad. También se señaló que la apertura permitiría una mayor participación de las petroleras y facilitaría proyectos de compensación ambiental asociados con Vaca Muerta.

La discusión se produce en un contexto de mayor tensión sobre los mercados energéticos internacionales. Los problemas de abastecimiento vinculados con la guerra en Ucrania y el aumento del precio del gasoil fueron presentados como argumentos a favor de contar con una oferta local basada en materias primas nacionales.

El proyecto cuenta con respaldo de legisladores de distintos sectores, aunque también enfrenta objeciones en provincias con intereses productivos vinculados con el régimen actual. La próxima instancia será definir si el Senado retoma el dictamen y avanza con la media sanción de una reforma que modificaría de manera sustancial las reglas de competencia y comercialización del mercado de biocombustibles.