Argentina presentará nuevas denuncias judiciales contra empresas que exploran petróleo en las aguas próximas a las Islas Malvinas, en una escalada de la ofensiva del gobierno de Javier Milei contra la actividad hidrocarburífera desarrollada bajo administración británica.
El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que habrá nuevas presentaciones, aunque no identificó a las compañías alcanzadas. La Casa Rosada también prepara un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra las firmas que operan en las islas, administradas por el Reino Unido y reclamadas por la Argentina.
La ofensiva ya incluye una denuncia penal contra la israelí Navitas Petroleum por la exploración del proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca Norte de Malvinas. El Gobierno también inició acciones legales contra la canadiense Eco Atlantic, cuya licencia le permite explorar en un área próxima al yacimiento, al considerar que fue otorgada por el “gobierno ilegítimo del Reino Unido”.
La legislación argentina sancionada en 2011 prevé hasta 20 años de inhabilitación para operar en el país y hasta 15 años de prisión para quienes realicen exploraciones en la plataforma continental argentina sin autorización oficial. La amenaza amplía el riesgo jurídico para compañías con actividades, activos o vínculos comerciales en la Argentina.
Navitas y la británica Rockhopper Exploration cuentan con licencias otorgadas por el gobierno de las islas y sostuvieron previamente que esas autorizaciones son válidas. Ambas empresas también señalaron que no esperan que las medidas impulsadas por Milei frenen el desarrollo del proyecto, aunque Navitas no respondió a pedidos de comentarios y Rockhopper declinó hacerlo.
Milei volvió a colocar el reclamo de soberanía en el centro de la agenda presidencial y lo presentó como una cuestión de identidad nacional. También afirmó que los “vientos de cambio” favorecen la posición argentina. La intervención del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que buscará “resolver” la disputa, elevó el riesgo de nuevas tensiones diplomáticas con Londres.
El Reino Unido respondió con una guía destinada a empresas que operan en las islas. Allí respaldó toda actividad económica legítima y el derecho de los habitantes de Malvinas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.
Londres sostuvo además que la Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas ni a aplicar su legislación dentro de ellas o sobre las empresas y personas vinculadas con sus negocios. También afirmó que no existe una base legal para que tribunales fuera de la Argentina hagan cumplir las medidas adoptadas por autoridades argentinas.
La disputa introduce una capa adicional de incertidumbre sobre proyectos que requieren capital, permisos y contratos de largo plazo. Mientras cada gobierno reconoce licencias y jurisdicciones diferentes, las empresas enfrentan el costo de operar bajo reglas superpuestas y de evaluar si una autorización válida en las islas puede activar sanciones en la Argentina. Esa incertidumbre puede afectar la asignación de inversiones y el ritmo de exploración sin que ninguna de las partes haya modificado, por ahora, su posición de fondo.
