Argentina presentó el 14 de septiembre ante la 70ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) una estrategia para exportar y comercializar tecnología y servicios nucleares. Federico Ramos Napoli estuvo a cargo de la exposición, realizada en Viena, con un objetivo específico: vender capacidades argentinas en el exterior y no ampliar la generación nuclear doméstica.

El país cuenta con una trayectoria construida durante décadas. Su programa nuclear comenzó en los años cincuenta y actualmente opera los reactores de potencia Atucha I, Atucha II y Embalse. También diseña y fabrica reactores de investigación, un segmento especializado en el que compiten pocos países y donde la experiencia acumulada funciona como una barrera de entrada difícil de replicar.

La principal empresa exportadora es INVAP, compañía estatal con sede en Bariloche. Su contrato más conocido es el reactor OPAL construido en Australia, pero también suministró reactores o componentes a Egipto, Argelia, Perú y los Países Bajos. La presentación en Viena busca ampliar esa trayectoria comercial en un mercado donde la reputación técnica y el cumplimiento de las salvaguardias son condiciones de acceso.

Los reactores de investigación no producen electricidad. Generan neutrones para actividades científicas y para fabricar radioisótopos médicos, entre ellos el molibdeno-99, utilizado en millones de estudios de diagnóstico cada año. La oferta mundial está concentrada en pocos reactores y sus paradas de mantenimiento ya provocaron interrupciones de suministro, un factor que puede impulsar nuevas compras.

La oportunidad aparece en un momento en que Argentina necesita divisas y dispone de pocos bienes tecnológicos de alto valor exportable. El interés internacional por la energía nuclear creció junto con la demanda eléctrica de los centros de datos y los objetivos de descarbonización, aunque la compra de reactores de investigación responde a ciclos más lentos y a las necesidades del mercado de radioisótopos, no directamente a la política energética.

La confiabilidad institucional también tiene valor comercial. Argentina integra el Tratado de No Proliferación Nuclear y participa, junto con Brasil, de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), que inspecciona las instalaciones de ambos países. Ese esquema bilateral, único en el mundo, contribuye a que sus exportaciones sean aceptadas en mercados sensibles.

El principal obstáculo no es solamente tecnológico, sino financiero. Los compradores esperan respaldo de crédito a la exportación y la capacidad argentina para ofrecerlo es limitada. Sin financiamiento competitivo, una ventaja de ingeniería puede no convertirse en una orden de compra: los clientes comparan no solo el reactor o el servicio, sino también las condiciones de pago, las garantías y los plazos de ejecución.

La medida concreta del plan será el libro de pedidos de INVAP y la aparición de nuevos contratos después de la presentación en Viena. La estrategia puede abrir un canal de exportaciones de alto valor, pero su resultado dependerá de que el reconocimiento internacional se traduzca en ventas, sin confundir una exposición institucional con capacidad efectiva de financiamiento y ejecución.

El desarrollo del reactor modular CAREM pertenece a otra discusión. El proyecto, de diseño argentino y en construcción desde hace más de una década, sufrió demoras reiteradas y recortes presupuestarios. El Gobierno también planteó la posibilidad de una mayor participación privada en el sector nuclear, pero esa cuestión no formó parte de la presentación exportadora. Separar ambos frentes permite evaluar con mayor precisión si Argentina puede vender afuera la capacidad que ya demostró, mientras decide cuánto capital comprometer en nuevos proyectos domésticos.