El Gobierno anunció que retomará el 2 de enero las obras de la base integrada de Ushuaia, presentada como un punto logístico y estratégico para controlar recursos naturales, actividades hidrocarburíferas y la soberanía argentina en el Atlántico Sur. La iniciativa combina defensa, energía y una política de restricciones para las empresas que operen sin autorización argentina en aguas cercanas a las Malvinas.

El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que la instalación no tendrá un carácter exclusivamente militar y que funcionará como un centro de apoyo logístico, operativo y científico para la proyección hacia la Antártida. También afirmó que permitirá reforzar la protección naval y aérea mediante un avión de patrulla marítima P-3 Orion y los cazas F-16 adquiridos a Dinamarca.

El proyecto contempla además la construcción de muelles comerciales y civiles para respaldar la actividad económica de la región. La combinación de infraestructura militar, logística y portuaria busca ampliar la capacidad estatal de vigilancia sobre un área en la que confluyen rutas marítimas, recursos naturales y proyectos de exploración de hidrocarburos.

La obra comenzó en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández, pero quedó prácticamente paralizada. Según cifras oficiales, registra un avance físico de apenas 9,13%: hasta ahora se ejecutó una losa de hormigón de unos 2.500 metros cuadrados dentro de un predio de 38 hectáreas. El Ejecutivo reasignó US$142 millones mediante el decreto 867 y todavía busca completar el financiamiento.

La decisión de reactivar el proyecto amplía la presencia del Estado en una actividad donde la seguridad jurídica y el acceso a incentivos fiscales son determinantes para inversiones de largo plazo. Ravier afirmó que las empresas vinculadas con la exploración o extracción de hidrocarburos sin autorización argentina no podrán contratar con el Estado, ingresar al régimen de incentivos para grandes inversiones, recibir beneficios impositivos ni participar en Vaca Muerta, el principal yacimiento no convencional del país.

La campaña oficial también se apoya en la Ley 26.659. La Cancillería mantiene abiertos procedimientos administrativos contra al menos 60 personas y empresas, aunque hasta ahora no se aplicaron sanciones. El 7 de septiembre presentó además una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas con el proyecto Sea Lion ante el juzgado federal de Julián Ercolini. Las acusaciones todavía no fueron probadas.

El Gobierno afirmó que al menos tres de las mayores empresas del sector se retiraron de Sea Lion y que el Ejecutivo de José Antonio Kast en Chile se comprometió a no brindar apoyo logístico a embarcaciones británicas. Ninguna de esas dos afirmaciones fue confirmada de manera independiente. La estrategia argentina ya había incluido la prohibición por veinte años para Rockhopper en 2013 y una medida similar contra Navitas en abril de 2022.

Ushuaia está ubicada a unos 700 kilómetros del archipiélago, cuya soberanía reclama la Argentina y que el Reino Unido administra como territorio británico de ultramar. La base busca convertir esa proximidad geográfica en capacidad operativa, pero su impacto económico dependerá de que la inversión pública se traduzca en infraestructura efectivamente utilizable y no quede reducida a una obra de baja ejecución, alto costo fiscal y función principalmente declarativa.