La Cancillería argentina rechazó la guía difundida por el Gobierno británico para respaldar actividades comerciales en las Islas Malvinas y anticipó una escalada diplomática y judicial por la explotación de recursos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur.
El planteo argentino sostiene que las acciones británicas vulneran la resolución 3149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras permanezca pendiente la solución pacífica de la disputa de soberanía.
Según el comunicado citado, se trata de actos con “efectos futuros, potencialmente irreversibles” porque comprometerían recursos no renovables que la Argentina considera propios. El eje del reclamo está puesto en el yacimiento petrolero Sea Lion, cuya explotación unilateral marcaría, de acuerdo con la posición oficial argentina, un cambio respecto de la situación previa.
La Cancillería afirmó que el marco normativo argentino, integrado entre otras normas por las leyes 26.659 y 26.915 y reforzado por el decreto 868/2026, sanciona a cualquier empresa, inversor o proveedor que intervenga directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas por el Gobierno nacional en la plataforma continental argentina.
El comunicado también sostiene que “ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La cuestión será incorporada a la presentación que el Gobierno prepara para la Asamblea General de la ONU.
En paralelo, el fiscal Carlos Estornelli impulsó la denuncia presentada por el Gobierno argentino contra compañías y empresarios vinculados con el proyecto. Entre las firmas mencionadas aparecen Desire Petroleum, Rockhopper y Navitas Petroleum.
El requerimiento fiscal incluye el pedido de registros bancarios sobre cualquier actividad que las compañías investigadas desarrollen en la Argentina. También solicita determinar si hubo violaciones a la legislación que prohíbe realizar actividades petroleras en el entorno de Malvinas sin autorización argentina.
La investigación contempla además la posibilidad de delitos ambientales relacionados con la preparación de una eventual perforación en Sea Lion. De este modo, el reclamo por la soberanía sobre los recursos suma una vía penal dentro de la estrategia oficial.
El Reino Unido, por su parte, manifestó su respaldo a las empresas que operan en el yacimiento y anticipó que les brindará asistencia ante eventuales acciones de la Argentina en tribunales locales o de otros países. Esa asistencia, según se explicó, no incluiría apoyo financiero, sino respaldo jurídico mediante bufetes de abogados.
La estrategia argentina apunta a “atrasar, encarecer o imposibilitar” el avance de la extracción hidrocarburífera, mientras que el objetivo británico es facilitarla. El conflicto suma así un frente regulatorio, judicial y diplomático alrededor de un proyecto que involucra recursos no renovables y puede condicionar futuras inversiones en la zona.
