Argentina acelera su plan de reequipamiento militar en medio de la escalada diplomática y comercial con el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas. La agenda incluye nuevas incorporaciones de material aéreo, helicópteros y vehículos blindados, además de obras de infraestructura en el Atlántico Sur.

La secuencia prevista contempla la llegada de seis aviones F-16 a fines de septiembre. Se trata de una segunda tanda de aeronaves adquiridas a Dinamarca a través de Estados Unidos, luego de la incorporación de las primeras unidades.

Para octubre está previsto el arribo de un tercer avión P-3 Orion, sobre un total de cuatro unidades compradas por la Argentina. Según el detalle difundido, ya llegaron dos aeronaves y resta completar la incorporación de la cuarta.

El cronograma también contempla la llegada de los primeros helicópteros Black Hawk antes de fin de año. A eso se suma una primera tanda de 60 vehículos blindados, dentro de una compra total superior a 200 unidades para el Ejército.

El Gobierno prevé realizar actos oficiales vinculados con cada una de esas incorporaciones durante los próximos meses. El proceso forma parte de una política de fortalecimiento del equipamiento de las Fuerzas Armadas bajo la lógica de soberanía nacional planteada por la administración de Javier Milei.

En paralelo, la Argentina avanza con la reactivación de la base naval de Ushuaia. La intención oficial es adjudicar las obras en diciembre para iniciar los trabajos en enero, con prioridad sobre la construcción del muelle antes del comienzo del invierno.

El plan incluye además la base Petrel, en la Antártida. La previsión es inaugurar en marzo una pista de aterrizaje encapsulada, diseñada para permitir operaciones durante una mayor parte del año.

El despliegue ocurre mientras el Reino Unido publicó una guía para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas y envió un buque militar armado hacia la zona de Sea Lion para custodiar las operaciones. La normativa británica sostiene que la legislación argentina no se aplica en las islas y ofrece respaldo a compañías que enfrenten presiones en terceros países.

La disputa ya tiene un frente comercial y jurisdiccional. La Argentina anticipó nuevas denuncias contra las empresas que participan de la explotación y busca impedir que proveedores locales abastezcan a compañías que operen en el territorio en disputa.

El impacto sobre Sea Lion fue planteado en términos de costos y competitividad: menos proveedores dispuestos a participar implicarían una menor oferta y mayores costos para el desarrollo del proyecto. En contraste, la explotación de Sea Lion fue presentada como de potencial relevante, aunque todavía incomparable con la escala de Vaca Muerta.

China expresó su respaldo al reclamo argentino de soberanía y destacó que es el segundo socio comercial del país, el principal destino de sus exportaciones agroindustriales y una fuente relevante de inversiones. La disputa por los hidrocarburos del Atlántico Sur queda así vinculada con la competencia estratégica, el comercio y el acceso futuro a recursos energéticos.