El Ministerio de Seguridad Nacional aplicó una prohibición de concurrencia a eventos deportivos durante 48 meses para 17 personas vinculadas con los incidentes ocurridos el 22 de agosto en las inmediaciones del estadio Tomás A. Ducó, antes del partido entre Huracán y Deportivo Riestra por la Liga Profesional de Fútbol. La medida rige desde el 11 de septiembre y alcanza a todos los eventos deportivos del país.

La resolución incorpora a los involucrados al Programa Tribuna Segura y extiende a escala nacional una sanción que había sido dispuesta previamente por la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Ciudad de Buenos Aires. El impedimento comprende el acceso y la permanencia en estadios donde se desarrollen espectáculos deportivos.

Según el expediente, el episodio se produjo en el parque José C. Paz, cerca del estadio de Huracán, en el marco de una disputa entre dos facciones de simpatizantes. El informe policial citado en la norma describe disparos de armas de fuego, una gresca, agresiones contra agentes y el secuestro de elementos durante el operativo.

La documentación también consigna actuaciones por portación de arma de guerra, portación de armas no convencionales, atentado y resistencia a la autoridad y tenencia de estupefacientes para consumo personal, según el caso. Esas referencias corresponden a las actas y elevaciones realizadas durante el procedimiento; la resolución publicada establece una restricción administrativa de concurrencia y no equivale, por sí sola, a una condena penal.

El Ministerio justificó la medida en la necesidad de prevenir nuevos episodios de violencia y sostuvo que el marco vigente permite restringir la presencia en espectáculos futbolísticos de personas consideradas capaces de alterar la seguridad pública. La herramienta había sido creada para el fútbol y luego ampliada a manifestaciones o congregaciones en la vía pública o en lugares abiertos al público.

El alcance de la decisión muestra que la política de seguridad deportiva ya no se limita al perímetro inmediato del estadio ni al momento del partido. La conducta atribuida en espacios públicos cercanos puede activar una prohibición para todo el territorio nacional, con un horizonte de cuatro años y coordinación entre autoridades nacionales, porteñas, fuerzas de seguridad y organizadores.

Para los clubes y los asistentes, el efecto concreto es una mayor capacidad estatal para filtrar el acceso a los eventos, pero también una ampliación del poder administrativo sobre la concurrencia. La eficacia de la medida dependerá de la identificación de las personas alcanzadas y de la coordinación operativa: una prohibición formal reduce el acceso autorizado, aunque no elimina por sí misma los conflictos que se originan fuera de los estadios.