La disputa por las Islas Malvinas sumó un nuevo frente de tensión para las empresas que buscan desarrollar hidrocarburos en el área. La Cancillería argentina rechazó “enérgicamente” la guía publicada por el Gobierno británico para compañías que realizan actividades económicas en el archipiélago y ratificó que aplicará su legislación contra las firmas que operen sin autorización argentina.

El documento británico, titulado “Doing business with the Falkland Islands”, fue difundido por el Foreign, Commonwealth and Development Office junto con el departamento de negocios y comercio del Reino Unido. Londres sostiene que no existen dudas sobre su soberanía, que la Argentina no ejerce jurisdicción sobre las islas y que la regulación de la actividad económica corresponde al gobierno local.

La Cancillería argentina sostiene la posición opuesta: afirma que las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus áreas marítimas, forman parte del territorio nacional y se encuentran ocupadas ilegítimamente por el Reino Unido. También cuestionó las licencias otorgadas de manera unilateral, los llamados a proveedores y la promoción comercial británica vinculada con el desarrollo de recursos naturales.

El conflicto adquiere una dimensión económica concreta después de la decisión final de inversión del proyecto Sea Lion, en la cuenca ubicada al norte del archipiélago. La iniciativa está impulsada por Rockhopper Exploration, de capital británico, y Navitas Petroleum, de origen israelí. La Cancillería convocó a los embajadores británico e israelí para entregarles notas formales de protesta.

La Argentina considera que la actividad hidrocarburífera proyectada puede producir efectos irreversibles sobre recursos no renovables y sostiene que las medidas unilaterales contradicen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esa resolución reclama a ambos países abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permanezca pendiente, aunque las resoluciones de la Asamblea General tienen carácter recomendatorio y no fuerza jurídica vinculante.

Buenos Aires informó que envió alrededor de 180 notificaciones de advertencia y asunción de riesgo a personas y empresas de 30 países. Además, abrió 60 procedimientos administrativos y el canciller Pablo Quirno presentó tres denuncias penales que alcanzan a diez compañías y sus directivos. Hasta ahora, ninguna de esas acusaciones fue probada y ningún procedimiento terminó con una sanción.

La guía británica busca, entre otros objetivos, asistir a las empresas que reciban comunicaciones de la Argentina y cuestionen la jurisdicción de tribunales de terceros países sobre las medidas argentinas. Esa superposición de reclamos deja a los inversores frente a dos marcos regulatorios incompatibles y aumenta la incertidumbre sobre permisos, proveedores, financiamiento y exposición legal del proyecto.

El desacuerdo también mantiene bloqueado el canal político. La Argentina reiteró su disposición a retomar un diálogo “constructivo y sustantivo”, mientras que el Reino Unido condiciona cualquier discusión sobre soberanía a la voluntad de los habitantes de las islas. En el referéndum de 2013, el 99,8% votó por conservar el estatus de territorio británico de ultramar.

Para las empresas involucradas, el potencial energético del área queda condicionado por un riesgo que excede la geología y la rentabilidad del proyecto: la falta de reconocimiento común sobre qué autoridad puede otorgar licencias y hacer cumplir las reglas. Mientras Londres promueve la actividad bajo su jurisdicción y Buenos Aires amenaza con aplicar sanciones y acciones judiciales, cada decisión de inversión incorpora una disputa soberana todavía sin resolución.