El Gobierno presentó el proyecto de Presupuesto 2027 con un conjunto completo de supuestos macroeconómicos, después de haber llegado al límite constitucional del 15 de septiembre sin publicar sus proyecciones de inflación y tipo de cambio. El texto fija las variables con las que se evaluará el programa económico durante el próximo año y abre una negociación política que tendrá como eje el gasto público.

La administración proyecta un crecimiento de 4% para 2027, por encima del ritmo de entre 2% y 3% que espera para este año. También estima que el consumo privado avanzará 3,4% y que la inversión crecerá 9,2%. La consistencia de esas metas dependerá de que la desinflación, la estabilidad cambiaria y la recuperación de la actividad puedan convivir sin reabrir desequilibrios fiscales o externos.

El proyecto calcula una inflación promedio anual de 21,1% y una variación interanual de aproximadamente 18% en diciembre. La diferencia entre ambos números supone una desaceleración de los precios a lo largo del año. Los pronósticos privados relevados por el Banco Central contemplan, en general, una inflación más elevada y un crecimiento menor que el previsto por el Gobierno, una brecha que puede complicar el debate legislativo y la credibilidad de las metas.

Para el tipo de cambio, el Presupuesto supone un dólar promedio de $1.728 durante 2027 y de $1.847,6 en diciembre. Frente a una cotización oficial cercana a $1.530 el 15 de septiembre, el escenario incorpora una depreciación gradual del peso en lugar de una corrección abrupta. El supuesto busca evitar una nueva diferencia significativa entre la trayectoria presupuestada y la observada, como ocurrió con la proyección para diciembre de 2026, que había sido fijada en torno a $1.423.

Los salarios promedio subirían 25,4% en el año, por encima de la inflación promedio estimada, aunque su evolución real dependerá del ritmo efectivo de los precios y de la recomposición de cada sector. La tensión entre salarios, inflación y tipo de cambio será determinante para el consumo, los costos empresarios y la competitividad de las exportaciones.

El frente externo ocupa un lugar central en las cuentas oficiales. El Gobierno prevé exportaciones superiores a US$130.000 millones, un superávit comercial de más de US$15.000 millones, un aumento de 8,5% en los volúmenes exportados y una expansión de 8,2% en las importaciones. El escenario combina crecimiento de la demanda interna con una contribución positiva del comercio exterior, por lo que requiere que la oferta exportable avance con suficiente rapidez para evitar que la recuperación incremente la presión sobre las divisas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la Argentina se encamina a conseguir un superávit financiero por cuarto año consecutivo y presentó la continuidad del resultado positivo como uno de los pilares del programa oficial. El proyecto mantiene esa orientación y no contempla un regreso al déficit financiero. La disciplina fiscal funciona así como la principal señal del Gobierno para el Congreso y los inversores, pero su validación dependerá de la ejecución efectiva del gasto y de la evolución de los ingresos.

La Cámara de Diputados prevé iniciar el debate formal el 5 de octubre. Los gobernadores tendrán un papel decisivo porque el respaldo provincial será necesario para avanzar con el Presupuesto y con la discusión paralela sobre la eliminación de las PASO. Las transferencias a las provincias aparecen como uno de los principales espacios de negociación: cada concesión puede facilitar la aprobación, pero también reducir el margen para sostener el resultado fiscal proyectado.

El proyecto convierte las metas macroeconómicas en una referencia política y de mercado. Si la inflación, el tipo de cambio o la actividad se apartan de los supuestos, también se modificará la capacidad real del Estado para cumplir con el esquema de ingresos y gastos. La discusión que comienza en el Congreso no será solamente sobre asignaciones presupuestarias: definirá cuánto de la recuperación podrá financiarse sin abandonar el superávit que el Gobierno convirtió en su principal ancla.