El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso plantea modificar el esquema de actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y aplicar cambios en el régimen de discapacidad, dos puntos que ya generaron tensión dentro del oficialismo y entre sus aliados legislativos.

En el caso de la AUH, el texto elimina la actualización inmediata por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La modificación no implica que el beneficio deje de actualizarse, según la explicación difundida por el equipo económico, pero el proyecto no establece cuál será la periodicidad del ajuste.

El cambio reemplaza una regla automática vinculada con la inflación por un mecanismo cuya aplicación quedaría sujeto a futuras definiciones. Esa modificación fue presentada como una posible fuente de discrecionalidad en la determinación de los aumentos.

La AUH fue señalada durante el debate como una de las principales herramientas de asistencia social del Gobierno. También se mencionó que el beneficio habría pasado de cubrir cerca del 60% de una canasta básica a aproximarse a su totalidad, aunque no se precisó la metodología utilizada para esas estimaciones.

El proyecto también propone una reducción de 25 puntos porcentuales en términos reales para las partidas vinculadas con discapacidad. Además, modifica las condiciones de acceso y deroga varios artículos de la ley de emergencia en discapacidad que ya fue sancionada y cuya prórroga se encuentra en discusión.

La cuestión de discapacidad ya está siendo analizada en comisiones de la Cámara de Diputados, luego de que la oposición impulsara su tratamiento. La Libertad Avanza y el PRO trabajaban en un proyecto conjunto que, de acuerdo con lo expuesto, tendría diferencias relevantes con la redacción incluida en el Presupuesto 2027.

El envío del proyecto produjo cuestionamientos dentro del propio oficialismo, debido a que varios legisladores y operadores parlamentarios se habrían enterado de los detalles al momento de su llegada al Congreso. La falta de una estrategia explícita de negociación aumentó el malestar entre sectores que deberán conseguir apoyo para aprobar la iniciativa.

El debate también se cruza con la negociación que el Gobierno mantiene con los gobernadores para reunir respaldo parlamentario. En ese marco, algunos mandatarios reclamaron el cumplimiento de compromisos previos y cuestionaron la forma en que fueron incorporadas las modificaciones sobre asistencia social y discapacidad.

La discusión parlamentaria definirá si se mantiene la eliminación del ajuste automático de la AUH, si se precisa la periodicidad de las actualizaciones y qué alcance tendrán los cambios presupuestarios y regulatorios sobre las prestaciones por discapacidad.