El Senado aprobó la Ley de Inocencia Fiscal 2 por 43 votos afirmativos contra 23 negativos, según se informó durante la sesión. El proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y, tras la votación en general, quedó encaminado para su comunicación al Poder Ejecutivo.
La iniciativa establece un criterio diferenciado entre el fraude y los errores formales o mínimos en una declaración jurada. Durante la presentación de la medida, Patricia Bullrich sostuvo que se trata de un mecanismo que busca garantizar la igualdad ante la ley y distinguir entre conductas deliberadas e inconsistencias subsanables.
“Una cosa es un fraude. El que a sabiendas comete un fraude contra un ciudadano, una empresa que comete un fraude contra sus clientes y otra cosa es una divergencia mínima en una declaración jurada. Son cosas totalmente distinto”, afirmó Bullrich.
La senadora agregó que la propuesta se apoya en una combinación de controles y presunción de buena fe. “Nuestra concepción es confianza con controles, no desconfianza a todos los ciudadanos”, señaló.
La oposición había reclamado que el tratamiento se realizara primero en general y luego en particular, con el objetivo de intentar introducir modificaciones. Entre los cambios mencionados figuraban el alcance de la norma a familiares y la inclusión de personas políticamente expuestas, además de los funcionarios.
El oficialismo pretendía votar el proyecto en general y en particular de manera conjunta, pero el pedido opositor derivó en un tratamiento separado. Con 43 votos, el respaldo superó la mayoría de 37 senadores que era necesaria para la aprobación en la Cámara alta.
La aprobación de la iniciativa contrastó con las dificultades políticas que el Gobierno enfrenta alrededor de los cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 para el sistema de discapacidad. Durante el debate se señaló que esos cambios no habían sido conocidos por algunos integrantes de la mesa política ni por legisladores oficialistas antes del envío del proyecto.
Entre las modificaciones descriptas durante el programa se mencionó que el nuevo proyecto podría impedir la compatibilidad entre una pensión no contributiva por invalidez laboral y un trabajo registrado, además de modificar los requisitos vinculados con el Certificado Único de Discapacidad. La discusión generó reclamos de aliados legislativos por el impacto sobre las prestaciones y los prestadores.
La diferencia entre ambos trámites legislativos fue utilizada para señalar la importancia de la coordinación política en la sanción de normas con efectos fiscales y regulatorios. Mientras la Ley de Inocencia Fiscal 2 fue presentada como una iniciativa trabajada con los bloques aliados, los cambios sobre discapacidad fueron cuestionados por haber llegado al Congreso sin un consenso previo.
