La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU una planilla que considera “prueba nueva” en el caso Vialidad. El planteo busca cuestionar la sentencia y abrir el camino para una eventual nulidad que le permita volver a ser candidata.

El documento fue incorporado a partir de elementos surgidos en la causa Cuadernos y sostiene que los fondos de un fideicomiso creado por el decreto 54 de 2009 no fueron destinados exclusivamente a empresas vinculadas con Lázaro Báez. La defensa incluyó en el listado a otras constructoras, entre ellas IEXA, relacionada con un primo de Mauricio Macri.

El argumento central es que una planilla sobre la distribución de fondos mostraría la participación de varias empresas y relativizaría la acusación de un trato preferencial hacia Báez. Sin embargo, el relevamiento abarca constructoras de todo el país y distintos tipos de obra pública, mientras que el juicio por Vialidad se concentró en la obra vial adjudicada en Santa Cruz.

La diferencia de alcance resulta relevante para evaluar la evidencia. En la provincia, Austral Construcciones se habría quedado con el 86% de las rutas licitadas entre 2003 y 2015, según los datos expuestos durante el análisis del caso. La defensa había afirmado que la participación de Báez había sido cercana al 1%.

También se cuestionó el período utilizado en la planilla presentada por los abogados. El documento toma los pagos realizados entre 2009 y 2015, aunque Austral Construcciones había comenzado a recibir obra pública en 2004. Además, el hecho de que Báez dejara de percibir fondos del fideicomiso en 2011 no implicaría que esa hubiera sido su única fuente de financiamiento.

La evidencia incorporada al juicio incluyó un ranking de pagos correspondiente al período 2007-2015. Allí, Grupo Austral aparece en el primer puesto, con más de US$2.100 millones y cerca del 17% del total de la partida analizada.

El análisis también expuso cuestionamientos sobre el proceso de contratación. Entre otros puntos, se mencionaron licitaciones en las que empresas vinculadas a Báez habrían competido entre sí, ofertas con diferencias de centavos respecto de los presupuestos oficiales y adjudicaciones pese a que algunas firmas no cumplían con la exigencia de contar con diez años de experiencia en la provincia.

Otro aspecto señalado fue el pago de certificados de obra que no se corresponderían con el avance real de algunas rutas. Según los datos expuestos, 24 de las 51 obras viales quedaron abandonadas en Santa Cruz.

La planilla presentada ante la ONU fue elaborada por una consultora privada y analizada por un economista brasileño, pero no fue validada por el tribunal que dictó la sentencia. La defensa sostiene que se trata de evidencia nueva; su eventual utilidad procesal dependerá de que el tribunal competente la admita y evalúe.

El planteo internacional tampoco funciona como una instancia automática de revisión de la sentencia argentina. La Corte Suprema ya se había expedido sobre el caso, por lo que la presentación ante la comisión busca instalar un cuestionamiento sobre el proceso y sus pruebas, pero no reemplaza las etapas del sistema judicial local.