El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para reforzar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La iniciativa reemplaza el régimen de sanciones vigente desde 2011 por un esquema más amplio y severo, que todavía deberá ser tratado por el Poder Legislativo.

El proyecto tiene 43 páginas entre articulado y fundamentos y se apoya, según la comunicación oficial, en tres objetivos: sancionar a quienes exploten recursos naturales de manera ilegítima, generar incentivos para que abandonen esa actividad y dotar al Estado de nuevas herramientas frente a amenazas externas.

La propuesta no se limita a la actividad petrolera. Las sanciones alcanzarían la explotación de todos los recursos naturales de la plataforma, incluidos los no renovables. También podrían extenderse a los accionistas y proveedores de las empresas involucradas en operaciones que la Argentina considere ilegales.

El régimen administrativo contempla multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de habilitaciones. El proyecto también prevé inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para los infractores.

En el capítulo penal, la iniciativa establece penas de hasta 20 años de prisión para distintas conductas. La prospección o exploración hidrocarburífera sin autorización podría recibir condenas de entre 12 y 15 años, mientras que la exploración o explotación de recursos naturales no renovables podría ser castigada con entre 12 y 20 años.

La extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos quedarían sujetos a penas de entre 15 y 20 años. Además, la prestación consciente de bienes o servicios indispensables para esas operaciones podría recibir condenas de entre 5 y 7 años, por lo que el alcance potencial incluiría a proveedores de alimentos y de otros insumos, más allá de las compañías energéticas.

El proyecto crea, además, un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia del Estado y la Secretaría Legal y Técnica. El nuevo órgano concentraría funciones de coordinación frente a las actividades vinculadas con la disputa de soberanía.

La iniciativa también contempla medidas frente a aeronaves y buques que circulen por zonas bajo disputa, aunque el alcance concreto de esas acciones dependerá del texto aprobado y de su aplicación posterior. En materia comercial, el proyecto incluiría aranceles de hasta el 75% para países que colaboren con la explotación que el Gobierno considera ilegítima.

El envío al Congreso representa un cambio desde una estrategia centrada en el reclamo diplomático hacia un esquema de disuasión basado en sanciones administrativas, restricciones comerciales y responsabilidad penal. Sin embargo, el alcance definitivo dependerá del tratamiento parlamentario, ya que el proyecto podría ser modificado antes de convertirse en ley.