La Armada presentó un proyecto para construir una base naval integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego, con un muelle y edificios destinados a tareas logísticas y operativas. Los planos fueron distribuidos en una reunión reducida de funcionarios y autoridades militares.

La iniciativa prevé instalar la base en la península de Tierra del Fuego, en las cercanías de Ushuaia y próxima a una infraestructura aeroportuaria. El diseño contempla una superficie y un despliegue mayores que los de la base de la Armada chilena en Punta Arenas.

El proyecto actual es una versión más acotada del esquema que había circulado en 2022. La reducción del alcance apunta a adecuar la obra a las restricciones presupuestarias y a mejorar sus posibilidades de ejecución, según se explicó durante la presentación.

El diseño incluye un muelle, edificios logísticos y obradores. La obra todavía requiere la asignación de recursos para completar su financiamiento y avanzar desde la etapa de proyecto hacia la construcción.

El presupuesto 2027 no incluye una partida identificada específicamente como base naval integrada. Sin embargo, el proyecto cuenta con una asignación de 142 millones establecida en un decreto presentado después del anuncio oficial del Gobierno. Esa cifra representa aproximadamente un tercio de los casi 500 millones estimados como necesarios para completar la iniciativa.

En el mismo marco presupuestario, el Gobierno incorporó una autorización para solicitar créditos por unos US$3.500 millones destinados a la adquisición de dos submarinos. La Argentina actualmente no cuenta con submarinos operativos, de acuerdo con lo señalado durante la exposición.

La ampliación de la infraestructura naval en el extremo sur busca reforzar la capacidad logística y de presencia argentina en una zona estratégica por su cercanía con el Atlántico Sur, la Antártida y las islas Malvinas.

El proyecto se conoce mientras continúa el conflicto por la exploración petrolera en las islas Malvinas. La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender las actividades de Rockhopper y Navitas por la falta de estudios de impacto ambiental, aunque las empresas sostienen que operan bajo autorizaciones del Reino Unido y anticiparon que no acatarían la medida.