La segunda edición de la Inocencia Fiscal busca que los dólares no declarados que permanecen fuera del sistema financiero ingresen a la economía formal, mediante un esquema que elimina alícuotas y penalidades para quienes exterioricen esos fondos.

La iniciativa también contempla la posibilidad de utilizar el dinero para depositarlo en el sistema financiero, comprar inmuebles, adquirir automóviles o realizar distintos tipos de inversiones. El objetivo oficial es ampliar el volumen de fondos que circula dentro de la economía.

Uno de los principales cambios respecto de programas anteriores es que la medida incluye una regularización fiscal hacia atrás por tres años. Ese mecanismo limita la posibilidad de que el fisco reclame obligaciones vinculadas con el período alcanzado, según el alcance explicado para la iniciativa.

El esquema es presentado como una herramienta con mayores facilidades que los blanqueos implementados durante el gobierno de Mauricio Macri y durante la actual gestión de Javier Milei. La apuesta oficial es que los incentivos reduzcan el costo de ingresar los dólares al circuito formal.

El Gobierno espera que una parte de los fondos que permanecen fuera del sistema se transforme en depósitos, consumo e inversión. Entre los destinos mencionados aparecen la construcción, la compra de vehículos y la colocación de dólares en entidades financieras.

La medida funciona como una pieza central de las proyecciones económicas para 2027. El Presupuesto prevé un crecimiento del 4% para el año próximo y una inflación del 18%, en un escenario en el que la política monetaria busca evitar una mayor circulación de pesos.

El programa enfrenta, sin embargo, una duda relevante: para que los dólares del colchón se conviertan en combustible económico, los ahorristas deben aceptar abandonar la liquidez y el anonimato que les ofrece mantenerlos fuera del sistema. La respuesta dependerá del grado de confianza en la estabilidad fiscal, monetaria y regulatoria.

La apuesta adquiere mayor importancia porque el Gobierno no prevé impulsar la actividad mediante una relajación monetaria significativa. La estrategia busca evitar una expansión de pesos que pueda trasladarse a la inflación o aumentar la demanda de dólares.

Las proyecciones oficiales también contemplan una inflación del 29% para este año, un crecimiento del 3% y un tipo de cambio mayorista de $1.600 a fin de diciembre. Para 2027, el Presupuesto estima una inflación del 18%, un crecimiento del 4% y un dólar de $847 al cierre del año.

El resultado de la Inocencia Fiscal 2 será determinante para evaluar si la formalización de ahorros privados puede compensar la ausencia de una política monetaria expansiva. Si la respuesta de los contribuyentes es limitada, las metas de crecimiento quedarán más expuestas a la evolución del consumo, la inversión y las condiciones financieras.