El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en el área disputada de las Islas Malvinas. El texto reemplaza la Ley 26.659, vigente desde 2011, y amplía su alcance más allá de los hidrocarburos.

La propuesta incorpora cualquier recurso natural, renovable o no, ubicado en la plataforma continental argentina. Las empresas alcanzadas por las restricciones podrían quedar impedidas de operar en todo el país, incluso en actividades que no tengan relación directa con el archipiélago. Esa extensión convierte una disputa territorial en un riesgo regulatorio transversal para compañías con intereses en energía, minería y otras áreas extractivas.

El proyecto plantea tres objetivos: castigar la explotación considerada ilegítima, generar incentivos para que las empresas abandonen esas actividades y dotar al Estado de herramientas para responder ante amenazas externas. En términos económicos, el mecanismo busca elevar el costo de operar en proyectos vinculados con las islas mediante sanciones que pueden trasladarse al conjunto de la actividad local de una compañía.

La iniciativa también crea un Consejo Nacional de Seguridad, presidido por Milei, con facultades para disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente. Entre ellas figuran la restricción de operaciones cambiarias y financieras, el congelamiento temporal de fondos y activos, la suspensión de autorizaciones o contratos y límites al comercio exterior. Además, autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para proteger instalaciones consideradas estratégicas.

El punto más controvertido es la creación del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, administrado por la Unidad de Información Financiera. La inscripción no exigiría la existencia de una causa penal: bastarían motivos razonables de sospecha sobre un vínculo con el terrorismo o una designación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La inclusión activaría el congelamiento de fondos y bienes y la imposibilidad de contratar con el Estado, aunque luego debería ser comunicada a un juez federal para su ratificación.

El proyecto incorpora además un delito específico, castigado con entre cinco y quince años de prisión, para quienes brinden apoyo material a organizaciones terroristas. También prohíbe los aportes de extranjeros sin residencia permanente a partidos políticos y campañas electorales. La combinación de sanciones administrativas, financieras y penales amplía el margen de intervención estatal antes de que exista una condena judicial firme, una característica que ya generó cuestionamientos políticos y jurídicos.

La discusión legislativa llega mientras la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production no iniciar ni continuar los trabajos del proyecto Sea Lion. La medida cautelar, presentada por organizaciones de veteranos y ambientalistas, alcanza un plan que contempla 23 pozos y considera que el riesgo ambiental no es hipotético ni remoto. La magistrada aclaró que la decisión no resuelve la responsabilidad final de las empresas ni la disputa de soberanía con el Reino Unido.

El Reino Unido y las compañías sostienen que la Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación en el archipiélago. Para las empresas, la superposición entre reclamos de soberanía, litigios ambientales y nuevas sanciones potenciales eleva la incertidumbre sobre permisos, contratos, financiamiento y continuidad operativa. Para el Estado argentino, el proyecto procura convertir esa incertidumbre en una herramienta de presión. El costo será determinar si el Congreso puede reforzar la defensa de la soberanía sin crear un esquema de discrecionalidad que desaliente inversiones y concentre facultades excepcionales en el Poder Ejecutivo.