La Justicia habilitó el desalojo de la planta de Fate, donde trabajadores despedidos permanecen desde hace siete meses en el marco de un conflicto que el sindicato define como un lockout patronal. La organización gremial anunció que presentará recursos de casación para intentar dejar sin efecto la resolución.

El conflicto comenzó el 18 de febrero, cuando los trabajadores encontraron cerrados los portones de la fábrica al regresar de sus vacaciones. La representación sindical sostiene que la empresa no concretó un cierre formal ni inició un procedimiento preventivo de crisis, un concurso de acreedores o una quiebra.

La disputa tramita por dos vías judiciales. Mientras la Justicia laboral ordenó el pago de salarios y consideró ilegales los despidos denunciados por los trabajadores, la Justicia penal habilitó el desalojo de la planta. Para el sindicato, ambas decisiones generan una contradicción sobre la continuidad del conflicto.

De acuerdo con la información difundida por los trabajadores, ya se abonaron tres quincenas a la totalidad del personal involucrado. Además, se encuentra en ejecución el pago de nueve quincenas para un grupo de empleados y de seis quincenas para otro.

La organización gremial sostiene que la planta permanece operativa en términos de infraestructura, con energía, maquinaria y personal de custodia, gerencia y limpieza. También afirma que la empresa había adquirido materia prima suficiente para aproximadamente un año y medio de producción antes del inicio del conflicto.

El sindicato vincula el cierre con la discusión sobre las condiciones de competencia y con el vencimiento del régimen antidumping aplicado al aluminio de origen chino. Según esa interpretación, la empresa buscaría modificar las condiciones de protección comercial y reducir los costos laborales antes de retomar la actividad.

La empresa, por su parte, no aparece en el material con una explicación directa sobre la decisión ni sobre las acusaciones sindicales. El conflicto deja planteada una disputa sobre los límites de una decisión privada de cierre, las obligaciones laborales durante una paralización y el alcance de las herramientas judiciales para resolverla.

El caso se desarrolla en un contexto de deterioro del mercado laboral. Los datos mencionados muestran que la tasa de desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre, frente al 7,6% del mismo período del año anterior, mientras que la informalidad laboral subió del 43% al 45%.