El Gobierno negocia modificaciones al apartado de discapacidad del Presupuesto 2027, luego de que Patricia Bullrich cuestionara cambios que, según se informó, no habían sido comunicados a la mesa política.

La discusión expuso diferencias dentro del oficialismo. Por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene el esquema incluido en el proyecto presupuestario. Por otro, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Diego Santilli trabajan en una alternativa que contemple cambios consensuados con la oposición.

La propuesta en negociación mantendría algunos lineamientos del proyecto elaborado por Economía, pero incorporaría actualizaciones y concesiones en materia de discapacidad. El objetivo sería avanzar con una versión que pueda reunir respaldo legislativo.

“El gobierno está partido en dos a esta hora”, se afirmó al describir la disputa interna. La diferencia quedó planteada entre quienes defienden el ajuste incluido en el Presupuesto y quienes buscan modificar ese capítulo para evitar un mayor costo político y legislativo.

Bullrich había expresado su malestar durante la jornada y cuestionó que las partidas de discapacidad fueran modificadas sin que ella, en su rol de senadora y defensora del proyecto oficialista en el Congreso, fuera informada.

“No me tomen de tonta”, fue una de las frases atribuidas a la senadora durante sus críticas. También se reprodujo su reclamo: “¿Para qué me invitan a la mesa política si al otro día hacen lo que quieren?”.

La controversia se vincula con el alcance de la mesa política del Gobierno. Según lo expuesto, ese ámbito habría discutido metas generales sobre inflación y dólar, pero no los detalles del Presupuesto que luego fueron enviados al Congreso.

La disputa también tiene una dimensión política. Bullrich utiliza sus cuestionamientos para preservar una identidad propia dentro del oficialismo y representar a votantes que respaldan el rumbo económico, pero rechazan algunas decisiones o formas de gestión, especialmente en relación con sectores vulnerables.

El eventual acuerdo con la oposición buscaría evitar que el debate sobre discapacidad se transforme en un obstáculo para la aprobación del Presupuesto. Al mismo tiempo, implicaría revisar el diseño original del ajuste y redefinir las prioridades de gasto dentro del proyecto oficial.