El columnista económico Matthew Lynn propuso que el Tesoro británico reciba la mitad de los ingresos tributarios generados por la industria petrolera de Malvinas. A cambio, Londres debería aumentar el gasto en defensa en el Atlántico Sur y profundizar la presión diplomática sobre Argentina.

La iniciativa busca alterar el esquema vigente, por el cual el archipiélago conserva la totalidad de sus ingresos energéticos y debe financiarse por sí mismo, con la excepción de los costos de defensa. Lynn sostiene que ese arreglo difícilmente pueda mantenerse frente al endurecimiento de la posición argentina y considera que una población de pocos miles de habitantes tendría dificultades para absorber ingresos petroleros de gran magnitud.

La discusión fiscal aparece cuando el proyecto Sea Lion enfrenta una disputa judicial en Argentina. La jueza federal Mariel Borruto, del juzgado de Río Grande, ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de perforar, instalar infraestructura o iniciar la extracción de hidrocarburos hasta que se complete una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina. También les exigió informar en diez días la situación del proyecto, sus contratistas, financistas y aseguradoras.

La demanda fue presentada a comienzos de septiembre por el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, con sede en La Plata, y una asociación de abogados ambientalistas. El planteo combina argumentos ambientales, de soberanía y de procedimiento. Londres no reconoce la jurisdicción de los tribunales argentinos sobre el archipiélago, lo que limita el alcance práctico de la medida. Un embargo ordenado en 2015 por un tribunal de la misma provincia, por unos US$156 millones, nunca llegó a ejecutarse.

Rockhopper y Navitas afirmaron que sus licencias fueron otorgadas legalmente por el gobierno de Malvinas y que no esperan un efecto material sobre el proyecto ni sobre su calendario. La perforación está prevista para comienzos de 2027 y la primera producción de petróleo, para 2028.

Lynn estima que Sea Lion contiene 900 millones de barriles y valúa esos recursos entre £5.000 millones y £6.000 millones, aunque no identifica la fuente de esas cifras. Un informe independiente elaborado por Netherland, Sewell & Associates utiliza un supuesto de largo plazo de US$76 por barril de Brent y calcula que las dos primeras fases podrían alcanzar una capacidad de 55.000 barriles diarios. Una segunda unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga podría sumar otros 125.000 barriles diarios.

La propuesta británica convierte una futura renta petrolera en un argumento para reforzar el vínculo fiscal entre Londres y el archipiélago. También revela el incentivo central de la discusión: quien controle los ingresos tendrá más capacidad para financiar defensa, infraestructura y presión diplomática. Pero mientras la soberanía siga disputada y las decisiones judiciales argentinas choquen con el rechazo británico a esa jurisdicción, la principal incertidumbre no será solamente cuánto petróleo puede producir Sea Lion, sino bajo qué autoridad y con qué esquema de apropiación podrán materializarse esos ingresos.