El ministro de Economía, Luis Caputo, quedó alcanzado por una denuncia penal que busca determinar si intervino de manera irregular en la aprobación de beneficios fiscales para el proyecto minero Diablillos, de AbraSilver. La presentación fue realizada el viernes 18 de septiembre por la abogada Virginia Marta Cassola ante el fuero federal porteño.

La denuncia también incluye a directores y accionistas de Central Puerto, la compañía generadora de electricidad que había adquirido una participación en AbraSilver. Cassola pidió investigar posibles negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes, fraude y uso indebido de información privilegiada.

El punto que concentra la atención es la diferencia entre el precio de entrada y el de salida de Central Puerto. La empresa pagó US$25 millones por su participación en AbraSilver en 2024 y la vendió por US$163 millones después de que el proyecto obtuviera la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Creado por la Ley Bases de 2024, el RIGI busca atraer capital de gran escala mediante una alícuota de 25% en el impuesto a las ganancias, estabilidad regulatoria por 30 años y una liberación gradual de las restricciones para mantener en el exterior los dólares generados por las exportaciones. La denuncia plantea si esos beneficios fueron aprobados de manera irregular para producir una ganancia extraordinaria a Central Puerto.

AbraSilver comunicó que Caputo confirmó la aprobación de Diablillos el 27 de febrero. El proyecto de oro y plata se extiende entre Salta y Catamarca. La compañía energética informó después la venta de su participación, una operación que el diputado opositor Rodolfo Tailhade cuestionó públicamente.

La presentación recayó en el juzgado federal número 11, a cargo de Ariel Lijo como subrogante. El magistrado debe resolver si remite el expediente a un fiscal para que evalúe la recolección de pruebas o si corresponde archivarlo. Hasta el momento no hubo una imputación, una acusación formal ni una conclusión judicial sobre la existencia de delitos.

La controversia expone un riesgo institucional para el RIGI: un régimen creado para reducir la incertidumbre regulatoria puede quedar sometido a disputas políticas y judiciales si la selección de proyectos, sus beneficios o los vínculos entre funcionarios y empresas no resultan suficientemente transparentes. Para los inversores, la previsibilidad no depende solamente de la letra de la ley, sino también de la credibilidad del proceso que concede sus ventajas.

Cassola presentó además, el 7 de septiembre, otra denuncia contra Caputo, la secretaria de Energía María Tettamanti y otros funcionarios por el ingreso de Southern Energy al RIGI. Ambos expedientes son independientes y ninguno produjo hasta ahora una determinación judicial. En paralelo, la coalición de Javier Milei atraviesa una disputa por la eliminación de las PASO, luego de que Patricia Bullrich advirtiera que no estaban reunidos los votos para avanzar con esa iniciativa impulsada por Karina Milei.

La denuncia sobre Diablillos no prueba por sí misma una irregularidad, pero abre un frente adicional para el ministro de Economía y convierte a la aplicación del RIGI en un terreno de conflicto político. La decisión de Lijo sobre el trámite del expediente será el próximo paso formal, mientras el Gobierno deberá sostener que los beneficios otorgados respondieron a reglas generales y verificables, no a privilegios diseñados para operaciones particulares.