La ANMAT prohibió en todo el país el uso, la comercialización y la distribución de un conjunto de insumos médicos para el tratamiento y monitoreo de la diabetes que fueron robados en Rosario. La medida alcanza unidades individualizadas de productos Medtronic cuya condición actual y recorrido posterior al robo se desconocen.

El hecho ocurrió el 29 de julio, cuando fue forzada la luneta del vehículo de una distribuidora de productos médicos mientras estaba estacionado en la ciudad de Rosario. La empresa denunció la sustracción de reservorios Paradigm 3.0, sets de infusión subcutánea MiniMed y sensores Guardian 4.

La disposición identifica los productos por modelo, lote, vencimiento e identificadores individuales. Entre ellos figuran tres reservorios Paradigm 3.0, tres sets de infusión MiniMed y un conjunto de sensores Guardian 4. La prohibición alcanza tanto la venta como la distribución y el uso, y rige en todo el territorio nacional.

Los productos están catalogados como dispositivos médicos de Riesgo III. Los reservorios y sets se utilizan para la infusión subcutánea de insulina mediante una bomba, mientras que el sistema Guardian 4 permite monitorear de manera continua los niveles de glucosa en personas con diabetes.

El punto central de la medida no es que la autoridad haya informado una falla técnica de los productos, sino que perdió capacidad de verificar dónde están, en qué condiciones se conservaron y quién podría ofrecerlos. Esa ruptura de la trazabilidad impide asegurar que las unidades lleguen al usuario por los canales habilitados y bajo controles sanitarios.

Para pacientes, centros de salud y distribuidores, la disposición obliga a extremar la revisión de lotes e identificadores antes de adquirir o utilizar unidades alcanzadas. En productos vinculados con la administración de insulina y el control de glucosa, una compra fuera del circuito formal puede trasladar al usuario un riesgo que no está en condiciones de evaluar por sí mismo.

La ANMAT también comunicó la medida a las autoridades sanitarias provinciales y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. La firma involucrada puede presentar recurso de reconsideración, de alzada o iniciar una acción judicial dentro de los plazos previstos por la normativa administrativa.

La decisión muestra el costo regulatorio de una cadena de comercialización sin trazabilidad completa: aun cuando el robo haya sido un hecho puntual, el alcance nacional de la prohibición busca cerrar la posibilidad de que esas unidades reaparezcan en el mercado formal o informal. La prioridad pasa a ser evitar que un producto médico de alto riesgo llegue a un usuario sin controles sobre su origen y estado.