El 40% de los menores de 24 años endeudados no devuelve sus créditos y acumula un atraso promedio superior a $1 millón por persona, según un informe citado durante el programa y atribuido a una consultora vinculada con Marina del Poggetto.
El dato vuelve a poner el foco sobre el endeudamiento juvenil y la expansión de los préstamos otorgados a través de billeteras virtuales y plataformas fintech. La discusión no se limita a la capacidad de pago de los hogares: también abarca el destino de esos fondos y los mecanismos utilizados para evaluar el riesgo.
Durante el análisis se señaló que muchos jóvenes acceden a créditos con pocos pasos y sin una evaluación exhaustiva de sus ingresos o antecedentes. Marcelo Picardi, abogado especialista en morosidad, describió el otorgamiento como una operación “de manera muy sencilla, automatizada” y cuestionó que exista “cero análisis de riesgo”.
Una parte de los préstamos, según lo expuesto, habría sido utilizada para realizar apuestas en plataformas legales e ilegales. La expansión de la oferta de juego online sumó una vía de acceso permanente para usuarios jóvenes, incluso en ámbitos vinculados con videojuegos y mecanismos como las llamadas lootboxes.
Picardi también relató el caso de un joven que se endeudó mediante operaciones con criptomonedas de alta volatilidad. Según su descripción, el deudor tomó nuevos créditos para cubrir pérdidas y continuar apostando, hasta acumular una deuda de “decenas de millones de pesos”.
El abogado sostuvo que este tipo de operaciones puede convertirse en una cadena de refinanciaciones entre distintas plataformas. El problema aparece cuando el crédito deja de financiar consumo o inversión y pasa a cubrir pérdidas previas, sin una fuente de ingresos que permita cancelar el capital y los intereses.
La situación también abre un frente regulatorio para las billeteras y empresas que ofrecen financiamiento digital. En el intercambio se planteó que el Banco Central y las autoridades deberían distinguir entre los casos de sobreendeudamiento y las responsabilidades asociadas con la entrega de préstamos sin controles suficientes.
Desde el punto de vista judicial, Picardi explicó que los deudores pueden evaluar “la posibilidad de pedir la propia quiebra del consumidor” para intentar recomponer su situación patrimonial. A la vez, las empresas acreedoras pueden iniciar reclamos y eventualmente avanzar con embargos de salarios o ejecuciones sobre bienes, según el perfil crediticio y el patrimonio del deudor.
El caso exhibe el desafío de ampliar el acceso al crédito sin eliminar las señales que permiten medir la capacidad de pago. La digitalización redujo las barreras de entrada al financiamiento, pero también aceleró la acumulación de obligaciones cuando los préstamos se destinan a apuestas o activos extremadamente especulativos.
