La Justicia ordenó desalojar el predio de Fate, ocupado desde hace seis meses por trabajadores de la compañía tras el cierre de la planta y el despido de su personal. La medida profundizó el conflicto laboral, que también tramita ante la Justicia laboral.
Según lo informado, la fábrica cerró el 18 de febrero, cuando los empleados se encontraban de vacaciones. Desde entonces, algunos trabajadores permanecen dentro del predio y otros sostienen un campamento en la vereda para reclamar la continuidad de la actividad y el pago de las obligaciones laborales.
Los empleados denunciaron que la empresa no abonó de manera completa las indemnizaciones. También señalaron que algunos compañeros cobraron una parte, mientras que otros no recibieron ningún pago, y que se adeudarían nueve quincenas a parte del personal.
Uno de los trabajadores afirmó que su último ingreso de dinero se produjo en mayo, a través de un embargo judicial sobre las cuentas de la empresa. Desde entonces, relató que algunos empleados debieron recurrir a changas, aplicaciones y ayuda familiar para subsistir.
El conflicto también afecta la cobertura de salud. Los trabajadores aseguraron que actualmente se encuentran “sin obra social, absolutamente desamparados” y cuestionaron que la orden de desalojo no resuelva la discusión de fondo sobre la legalidad de los despidos.
Los empleados sostienen que la planta podría continuar operativa. Según su versión, las máquinas permanecen energizadas y con mantenimiento al día, mientras que habría materia prima suficiente para trabajar durante un año y medio. También afirmaron que la empresa había comprado esos insumos en enero.
El caso tiene además una dimensión industrial. Los trabajadores aseguran que Fate es la única fabricante nacional de neumáticos para camiones, mientras que las otras dos fábricas del país serían importadoras de ese producto. Por eso plantean que el cierre podría afectar una actividad vinculada con la logística, el transporte de mercaderías y los colectivos.
La disputa se extiende al grupo empresario y a sus decisiones regulatorias y productivas. Durante el reclamo se mencionaron la represa de Futaleufú, la producción de aluminio y las medidas antidumping sobre las importaciones de aluminio chino como parte de un contexto más amplio que, según los trabajadores, excede el conflicto laboral de la planta.
La empresa y los trabajadores mantienen posiciones enfrentadas sobre las causas del cierre. Mientras los empleados lo califican como un “lockout patronal” y sostienen que la firma no atravesaba una situación de quiebra, también se planteó que una compañía puede decidir cerrar aun cuando obtenga ganancias. La discusión central continúa ahora en los tribunales, mientras la orden de desalojo amenaza con modificar la ocupación del predio.
