El acuerdo comercial bilateral entre Argentina y Estados Unidos enfrenta un obstáculo político antes de su ratificación. Asesores del Gobierno de Javier Milei comunicaron a la administración de Donald Trump que no cuentan con los votos necesarios en el Congreso argentino para aprobarlo, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones.
La falta de respaldo legislativo introduce una condición decisiva para cualquier entendimiento comercial: su vigencia no depende solo de la negociación entre los gobiernos, sino también de la capacidad de cada administración para sostener el acuerdo dentro de sus propias instituciones.
Ante ese escenario, el Gobierno argentino busca renegociar los términos pactados. El pedido está vinculado con el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles globales impulsados por Trump, una decisión que alteró el marco bajo el cual se había firmado el acuerdo en febrero.
La revisión apunta a conseguir condiciones que el Poder Ejecutivo argentino considere más defendibles en el Congreso. Sin apoyo legislativo suficiente, incluso un acuerdo negociado con la Casa Blanca queda expuesto a demoras, cambios o a la imposibilidad de entrar plenamente en vigor.
La disputa también muestra el costo económico de la incertidumbre regulatoria. Mientras las condiciones comerciales permanezcan sujetas a una renegociación y a una ratificación incierta, empresas y operadores no cuentan con un marco definitivo para evaluar compromisos, acceso a mercados o decisiones de inversión vinculadas con el entendimiento.
El futuro del acuerdo dependerá ahora de dos negociaciones simultáneas: la revisión de sus términos con Estados Unidos y la construcción de una mayoría en el Congreso argentino. Hasta que ambas condiciones se cumplan, el anuncio de un entendimiento no equivale a reglas comerciales estables.
