El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) empezó a transformar el mapa de inversiones mineras en Argentina. La plataforma oficial de monitoreo del Gobierno registra 23 proyectos aprobados por casi US$50.000 millones y una estimación de 108.450 empleos directos e indirectos. Más de la mitad de esas iniciativas pertenece a la minería, con foco en litio, cobre y oro.

El atractivo central del régimen es la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, junto con depreciación acelerada, cómputo de quebrantos y beneficios para el pago de dividendos. La tasa sobre dividendos parte del 7% y puede bajar al 3,5% después de siete años. El esquema también contempla ventajas en IVA, derechos aduaneros y acceso al mercado cambiario.

La señal más relevante para proyectos de largo plazo es la promesa de estabilidad fiscal y cambiaria durante 30 años. En una industria que exige grandes desembolsos antes de generar ingresos, esa previsibilidad busca reducir el riesgo de que cambios regulatorios, tributarios o cambiarios alteren el cálculo económico durante la vida útil de una mina.

El régimen alcanza proyectos con inversiones desde US$200 millones, mientras que una iniciativa legislativa conocida como Súper RIGI propone un umbral superior a US$1.000 millones y una tasa del 15% para vehículos especiales. La fecha límite para solicitar el beneficio fue extendida hasta el 8 de julio de 2027, lo que amplió el margen para que compañías con proyectos todavía inmaduros preparen sus presentaciones.

Rio Tinto ya obtuvo la aprobación del RIGI para su proyecto Rincon, en Salta, que apunta a producir hasta 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente mediante extracción directa. La empresa también consiguió el beneficio para ampliar Fénix, en Catamarca, y ambas iniciativas representan más de US$3.200 millones de inversión. La expansión de Sal de Vida, por US$1.380 millones, todavía espera aprobación.

BHP, junto con Lundin Mining, recibió la aprobación para el desarrollo del distrito cuprífero Vicuña, una inversión cercana a US$10.000 millones que incluye las minas Filo del Sol y Josemaria. El complejo proyecta producir, durante sus primeros 25 años, unas 395.000 toneladas anuales de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

La participación no se limita a las grandes mineras. Galan Lithium obtuvo el RIGI para la primera etapa de Hombre Muerto West, en Catamarca, con una capacidad inicial de 4.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente y una expansión prevista a 5.200 toneladas en el primer semestre de 2027. Una segunda fase llevaría el proyecto a 21.000 toneladas anuales.

Entre las compañías que buscan incorporarse figuran Challenger Gold, Unico Silver y Lake Resources. Challenger prevé presentar su solicitud a fines de septiembre de 2026 para Hualilan, en San Juan, un proyecto cuya inversión inicial estimada es de US$232 millones. Unico planea solicitar el beneficio en enero junto con un estudio preliminar de factibilidad para sus proyectos de plata en Santa Cruz, mientras Lake espera completar su presentación para Kachi, en Catamarca, después de obtener la aprobación ambiental.

El interés minero revela qué condiciones consideran decisivas los inversores: menor carga fiscal, reglas estables y previsibilidad cambiaria para comprometer capital durante décadas. El costo para el Estado es resignar parte de la recaudación potencial y otorgar garantías regulatorias excepcionales; la apuesta oficial es que esa concesión atraiga inversiones que, sin un marco de mayor certidumbre, podrían dirigirse a otros países productores de minerales estratégicos.