El Gobierno impulsa en el Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que amplía las sanciones contra quienes participen en la explotación considerada ilegítima de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, los espacios marítimos circundantes y la plataforma continental argentina.

El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó que la iniciativa fue enviada la semana pasada y pidió que el Poder Legislativo la trate con rapidez. Según explicó, el proyecto busca establecer un marco "integral, permanente y coordinado" para defender la soberanía, proteger los intereses estratégicos y fortalecer las capacidades del Estado frente a amenazas externas.

El primer título reemplaza la Ley 26.659 por un régimen más amplio y severo. La prohibición ya no se limitaría a la exploración y explotación de hidrocarburos: también alcanzaría a cualquier actividad de aprovechamiento de recursos naturales en los territorios y espacios marítimos cuya soberanía reivindica la Argentina.

La propuesta también restringe la participación empresarial alrededor de esas actividades. Se prohibiría proveer bienes o servicios esenciales para la viabilidad de los proyectos, ser socio o accionista de sus operadores y ejercer control directo o indirecto sobre las compañías involucradas.

En caso de infracción, la autoridad de aplicación podría disponer inhabilitaciones, multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones argentinas, luego de un sumario administrativo. Además, se crearía un registro público de infractores y el Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, los municipios y las personas o empresas radicadas en el país tendrían prohibido contratar con los inscriptos.

El proyecto incorpora nuevas figuras delictivas y agrava las penas para la exploración y explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales no renovables. Las sanciones también alcanzarían a quienes, con conocimiento, suministren bienes o servicios esenciales a los responsables de esas actividades.

La iniciativa prevé un régimen voluntario de desistimiento y regularización para quienes cesen las actividades prohibidas, se comprometan a no reiterarlas y paguen una multa o reconviertan las inversiones hacia actividades lícitas autorizadas por la Argentina. El mecanismo podría utilizarse una sola vez y quedaría excluido para quienes tengan una condena firme o reincidan.

Otro eje del proyecto es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional y de un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.

El Consejo tendría intervención sobre las políticas diplomática, económica, cibernética, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas. Ravier sostuvo que "ningún Estado puede defenderse eficazmente si las dependencias públicas trabajan de espaldas unas a otras" y que el objetivo es coordinar esas capacidades bajo una conducción estratégica común.

Ante una amenaza grave e inminente, el proyecto habilitaría al Consejo a disponer medidas urgentes como restringir operaciones cambiarias, transferencias, pagos, importaciones y exportaciones; suspender permisos, concesiones y contrataciones; bloquear temporalmente fondos; y limitar el acceso a crédito, garantías, subsidios y beneficios fiscales. También permitiría elevar transitoriamente hasta un 75% los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado.

El vocero aclaró que esas medidas deberían estar vinculadas de forma directa con la amenaza, tener un plazo o condición objetiva de finalización y cesar cuando desaparezcan las circunstancias que las justificaron. El proyecto también establece procedimientos progresivos para la intercepción de aeronaves y buques, incluida la posibilidad excepcional de inutilización y hundimiento de embarcaciones bajo autorización expresa de las autoridades previstas.

En materia de infraestructura estratégica, la iniciativa asigna responsabilidades al Estado nacional, a las jurisdicciones locales y a los propietarios u operadores. Ravier agregó que el Presupuesto 2027 contempla una partida específica para construir la base naval integrada en Ushuaia y sostuvo que las obras deben realizarse respetando la restricción presupuestaria y con "presupuestos superavitarios".