La Sindicatura General de la Nación actualizó su Código de Ética y extendió su alcance más allá de los funcionarios y empleados del organismo. La nueva resolución incorpora expresamente a proveedores, contratistas, prestadores profesionales, alumnos del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública y otros actores vinculados con la SIGEN.

La medida fue aprobada mediante la Resolución 287/2026, publicada el 22 de septiembre, y modifica varios artículos de la normativa interna vigente desde 2018. El código será aplicable a quienes trabajen para la Sindicatura bajo cualquier modalidad, ya sea temporal o permanente, remunerada u honoraria.

El cambio no se limita a una actualización formal. La resolución establece que el documento deberá ser notificado para su adhesión a los funcionarios y al personal que ingrese al organismo, y también comunicado a proveedores, contratistas, profesionales y alumnos. Todos deberán tomar conocimiento y asumir el compromiso de cumplir sus disposiciones.

La ampliación alcanza además a los vínculos que la SIGEN establezca con ciudadanos, oferentes, adjudicatarios, contratistas y otros actores de la comunidad. En la práctica, el organismo busca que las reglas de conducta rijan también en las relaciones donde aparecen contrataciones, prestación de servicios y procesos de adquisición.

La resolución reorganiza al Comité de Ética, que pasará a estar integrado por cinco funcionarios: un Síndico General Adjunto, un funcionario designado por el Síndico General, un representante de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, el Gerente de Administración y Capital Humano y el integrante del Área de Integridad Pública. Esta última área también queda facultada para dictar medidas operativas, aclaratorias y complementarias.

El nuevo esquema introduce una obligación de actualización periódica: el Código de Ética deberá revisarse cada dos años desde su publicación o antes si las circunstancias lo requieren. La revisión deberá considerar cambios normativos, riesgos identificados y resultados del monitoreo.

Para la gestión pública, el punto relevante es que la integridad deja de quedar circunscripta al comportamiento interno de los funcionarios y se proyecta sobre la red de relaciones que rodea al organismo. Eso puede elevar las exigencias de cumplimiento para quienes contratan o prestan servicios a la SIGEN, aunque la resolución no establece sanciones nuevas ni detalla en su parte principal el contenido completo de las obligaciones del anexo.

El efecto concreto dependerá de cómo se instrumenten las notificaciones, los mecanismos de adhesión y el funcionamiento del Comité de Ética. La norma crea un marco más amplio y con revisión programada, pero su capacidad para reducir conflictos de interés o mejorar controles dependerá de que esas reglas se apliquen con criterios verificables y sin convertirse únicamente en un trámite administrativo.