La ANSES estableció los valores previsionales que regirán en octubre de 2026, con una actualización mensual de 1,66% para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino. El haber mínimo quedará en $435.748,51 y el máximo en $2.932.174,85.

El ajuste surge de la fórmula vigente desde el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que vincula la movilidad previsional con la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor nacional. Para esta actualización se tomó en cuenta la variación correspondiente a agosto de 2026.

La resolución también fijó en $199.335,05 el valor de la Prestación Básica Universal (PBU), mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó establecida en $348.598,81 a partir de octubre.

El nuevo esquema alcanza además a los aportes previsionales. La base imponible mínima será de $146.759,98 y la máxima de $4.769.631,49 para el período devengado octubre de 2026. Esos valores determinan el rango de remuneraciones sobre el que se calculan los aportes al sistema.

La actualización no modifica por sí sola la posición real de los jubilados frente al costo de vida: replica el índice utilizado por la fórmula, pero su efecto sobre el poder adquisitivo depende de cómo evolucionen los precios que enfrentan los hogares previsionales. El aumento nominal, por lo tanto, no equivale automáticamente a una mejora real.

Para quienes cobran el haber mínimo, el dato define el ingreso previsional de octubre y puede influir en decisiones de consumo y cobertura de gastos corrientes. La resolución no contempla en su texto un refuerzo adicional, por lo que el cambio informado se limita al ajuste previsto por la movilidad.

La norma también establece que las remuneraciones de quienes cesen en su actividad desde el 30 de septiembre o soliciten su prestación desde el 1° de octubre serán actualizadas mediante los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social. Esto afecta el cálculo de nuevos beneficios, no solo los haberes de quienes ya están jubilados.

La mecánica deja una señal institucional relevante: los haberes quedan atados a una regla automática de actualización y no a una decisión discrecional mensual. Esa previsibilidad reduce la incertidumbre sobre el próximo ajuste, aunque no resuelve la tensión de fondo entre la evolución de los ingresos previsionales, la inflación y el financiamiento del sistema.