La Nación cedió sin cargo a la Gobernación de Corrientes bienes de rezago aduanero que estaban bajo disposición del servicio aduanero. La medida busca reforzar la capacidad provincial para atender necesidades sociales, sanitarias, educativas, de seguridad y logísticas, además de eventuales contingencias climáticas.

La cesión fue dispuesta por la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia y comprende mercaderías incluidas en cinco disposiciones de las aduanas de Santo Tomé y Goya. El texto no detalla en su articulado el tipo, la cantidad ni el valor de los bienes transferidos.

El mecanismo se apoya en la Ley 25.603, que permite poner determinados bienes aduaneros a disposición de organismos públicos cuando pueden ser utilizados para cumplir actividades estatales. En este caso, Corrientes había solicitado la entrega preventiva de los bienes para distribuirlos según criterios de necesidad, utilidad y prioridad entre sus distintas áreas.

La norma también fija obligaciones concretas para la provincia. Dentro de los diez días posteriores a la notificación, deberá informar la fecha estimada de retiro de las mercaderías, incluso si se trata de un retiro provisorio. Luego tendrá 90 días hábiles desde la publicación para enviar la conformidad del inventario junto con el acta de aceptación definitiva.

Si durante esa revisión detecta bienes que no son aptos para su utilización, deberá informar el rechazo con el detalle correspondiente. La cesión se considerará rechazada si, vencido el plazo, la provincia no retira las mercaderías de los depósitos fiscales o no manifiesta expresamente su negativa a recibirlas.

La entrega no equivale a una transferencia de libre disponibilidad. Los bienes deberán conservar el destino previsto en la donación y la ley prohíbe a los beneficiarios comercializarlos durante cinco años desde su recepción. Esa restricción busca evitar que una asignación pensada para fines públicos termine convertida en una fuente de ingresos para el receptor.

El impacto inmediato dependerá de qué mercaderías integran efectivamente el inventario y de la velocidad con que sean retiradas y distribuidas. Sin cantidades ni valuación, no es posible medir el alivio fiscal o logístico que la cesión puede representar para Corrientes, aunque sí queda establecido un canal para incorporar recursos materiales sin una compra provincial directa.

La disposición deja además una tensión habitual en este tipo de operaciones: el valor de los bienes no está determinado solo por su existencia, sino por su aptitud, mantenimiento, traslado y destino final. La obligación de verificar el inventario y aceptar formalmente la mercadería intenta reducir el riesgo de que la transferencia agregue costos operativos mayores que su utilidad.

Para la provincia, el beneficio potencial está en contar con bienes que pueden acelerar la respuesta ante emergencias o cubrir necesidades de organismos públicos. Para la Nación, la medida permite asignar mercadería aduanera bajo custodia a un uso institucional concreto, aunque su resultado dependerá de la trazabilidad de la entrega y del cumplimiento efectivo de las restricciones establecidas.