El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció una reducción de la carga tributaria sobre los automotores y otras actividades económicas porteñas. Según detalló, el 50% de los vehículos pagará menos de patente, el 40% mantendrá el mismo valor nominal y el 10% dejará de abonar el tributo.

El segmento beneficiado con una reducción alcanzará así al 60% del parque automotor, al sumar los vehículos que pagarán menos y aquellos que quedarán exentos. Macri explicó que el 10% que dejará de pagar corresponde a autos con más de 15 años de antigüedad.

“Eso es devolverle plata a la clase media”, sostuvo el funcionario al presentar la medida. También afirmó que mantener sin cambios nominales la patente para el 40% de los vehículos implica una baja real frente a la inflación, porque el tributo no tendrá actualización.

El paquete anunciado incluye además una exención completa del ABL durante el primer semestre para hoteles y restaurantes. Las librerías también serán incorporadas al esquema de alivio impositivo, en un contexto que Macri describió como difícil para esas actividades.

La Ciudad también prevé que 74.000 jubilados dejen de pagar el ABL y una reducción del 30% en la plusvalía, un impuesto vinculado a la construcción. “Necesitamos que se reactive la construcción para que haya desarrollo y empleo”, afirmó Macri.

El jefe de Gobierno vinculó las reducciones con una política de revisión del gasto público. En ese sentido, aseguró que se eliminaron 9.000 cargos administrativos y que fueron dadas de baja 359 gerencias consideradas innecesarias, que luego fueron fusionadas con otras áreas.

Durante la entrevista, Macri también defendió una resolución que permite clausurar locales que venden o reparan celulares cuando no pueden demostrar el origen legal de los equipos. Según explicó, la medida busca atacar los canales de comercialización vinculados al robo de teléfonos y alcanzar a las organizaciones que operan detrás de esos delitos.

El funcionario confirmó además que la Ciudad presentó un pedido de juicio político contra la jueza Marta Pascual y que el Ministerio Público Fiscal apeló su decisión ante Casación. Macri cuestionó que la magistrada haya dispuesto el egreso de 20 menores del sistema de detención sin definir, según su interpretación, medidas de protección o penales.