Máximo Kirchner presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), que aplicaría una alícuota del 3% sobre las transferencias de capital realizadas al exterior.

La iniciativa contempla excepciones para determinadas operaciones, entre ellas la compra de medicamentos y algunas compras minoristas. Sin embargo, durante la presentación también se señaló que el proyecto no define con precisión un monto mínimo a partir del cual comenzaría a aplicarse el tributo.

El texto tampoco establecería de manera clara el tratamiento de las distintas plataformas utilizadas para realizar las transferencias. Por ese motivo, el alcance podría incluir operaciones de personas que envían fondos a familiares en el exterior o para financiar estudios fuera del país.

El proyecto incorpora además una alícuota adicional del 5% cuando el destino del capital sea una jurisdicción de baja tributación. El objetivo declarado es gravar los movimientos internacionales de capital y generar nuevos recursos para el Estado.

Según lo expuesto, la recaudación estimada sería de 2,89 billones de pesos. La propuesta prevé destinar el 60% de esos recursos a provincias y municipios, un 10% a salud y discapacidad, otro 10% a educación y otro 10% a la atención médica del PAMI.

De aprobarse, el impuesto también alcanzaría pagos realizados en pesos por servicios de plataformas internacionales, dado que los fondos son girados al exterior. Entre los ejemplos mencionados estuvieron Netflix, Spotify y YouTube.

En el mismo debate se difundieron propuestas del exvicepresidente Amado Boudou para un eventual regreso del peronismo al poder en 2027. Boudou planteó: “Hay que voltear la ley de que cambió los derechos de los trabajadores. Hay que terminar con la idea del superávit fiscal. Hay que volver a implantar los subsidios para que las tarifas sean baratas”.

Además, sostuvo que sería necesario impulsar “un shock distributivo para que la gente gane más plata” y reiteró: “Hay que terminar con el superávit fiscal”. Esas definiciones implicarían revisar reformas laborales, ampliar subsidios y abandonar el equilibrio fiscal como objetivo de política económica, aunque no se detallaron mecanismos ni fuentes de financiamiento.