El Ministerio de Justicia creó la Mesa Estratégica de Inteligencia Artificial en la Justicia (MEIAJ), un ámbito que tendrá a su cargo ordenar las iniciativas existentes y preparar una estrategia común para el uso de estas herramientas en el sistema judicial. La resolución fue publicada el 23 de septiembre y fija un primer plazo de 90 días corridos desde la reunión inaugural.

La mesa funcionará dentro de la Unidad de Gabinete de Asesores y será coordinada por Esteban Mahiques, titular de esa unidad. Participarán representantes de las secretarías y subsecretarías del ministerio, de la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica y del área tecnológica de la cartera.

El objetivo no es crear un régimen general para regular la inteligencia artificial. La norma define a la estrategia como un instrumento de planificación, coordinación y promoción institucional, destinado a relevar proyectos, detectar necesidades, priorizar áreas de aplicación y proponer casos de uso y pruebas piloto.

Entre sus funciones también aparecen la capacitación de magistrados, funcionarios y empleados, la elaboración de indicadores de seguimiento y la evaluación de la utilidad, viabilidad, seguridad e impacto de las herramientas que se consideren. La mesa podrá convocar a representantes del Poder Judicial, los ministerios públicos, universidades, colegios profesionales, empresas tecnológicas, organismos internacionales y especialistas.

La resolución vincula el proceso con la cooperación técnica de EL PACCTO 2.0, un programa de la Unión Europea para América Latina y el Caribe en materia de justicia y seguridad. También toma como antecedente una misión de trabajo realizada en julio con expertos de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia y áreas del Ministerio de Justicia.

El diseño elegido busca evitar que cada organismo avance por separado, una posibilidad que puede multiplicar soluciones incompatibles, elevar costos de coordinación y dificultar la evaluación de resultados. Pero la centralización de la planificación también concentra decisiones sobre qué problemas se priorizan, qué herramientas se prueban y bajo qué criterios se considera que una aplicación es segura o útil.

La norma exige que la futura estrategia contemple supervisión humana, trazabilidad, evaluación de riesgos y el cumplimiento de las reglas vigentes sobre datos personales, seguridad de la información, propiedad intelectual, transparencia y protección de derechos. Esas condiciones dejan abierta la cuestión más sensible: cómo se traducirán en procedimientos concretos cuando una herramienta participe en tareas administrativas o judiciales.

La participación en la mesa será ad honorem y la resolución establece que no habrá nuevas estructuras organizativas ni erogaciones presupuestarias adicionales para el Estado nacional. Por ahora, el cambio es institucional y preparatorio: todavía no autoriza una herramienta específica ni modifica el funcionamiento de los tribunales, pero fija el marco desde el cual el Ministerio buscará coordinar la adopción futura de inteligencia artificial en la Justicia.