Mari Carmen Abascal, de 87 años, fue desalojada de la vivienda en Madrid donde residió durante alrededor de 70 años. El caso, que generó protestas en 12 ciudades, reabrió en España el debate sobre la crisis habitacional, los alquileres de renta antigua y los límites de la protección a los inquilinos vulnerables.

La mujer permanecía hospitalizada en el Hospital Gregorio Marañón y, de acuerdo con lo informado, podría trasladarse provisoriamente a la casa de un primo en Segovia. El municipio también le ofreció alojamiento en una residencia para adultos mayores, aunque la situación habitacional definitiva todavía no estaba resuelta.

El contrato original había sido firmado por su padre en 1956 y luego pasó por sucesivas subrogaciones familiares. Se trataba de un alquiler bajo el régimen conocido como renta antigua, que conservó condiciones diferentes de las de los contratos nuevos, incluida una renta históricamente inferior a los valores de mercado.

Según lo expuesto durante el debate, Abascal pagaba cerca de 400 euros mensuales, mientras que el nuevo alquiler exigido habría ascendido a unos 1.600 euros. La imposibilidad de afrontar ese aumento derivó en un proceso judicial que terminó con una orden de desalojo, pese a que la inquilina sostuvo que había pagado regularmente.

“No puedo andar, estoy en silla de ruedas. Me encuentro como una persona inútil. Yo jamás he sido inútil. He trabajado y he tenido una vida”, declaró Abascal. La mujer también cuestionó a los compradores del edificio: “Ellos compraron este piso al precio que yo lo hubiera comprado en 250.000 € y ahora ellos lo quieren vender por 900.000”.

El caso enfrentó al Gobierno central y a la Comunidad de Madrid. El presidente Pedro Sánchez calificó el desalojo como “una tragedia social que no podemos aceptar ni como país ni por supuesto tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas” y sostuvo que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen competencias en materia de protección social y vivienda.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, respondió que se trató de un desalojo ejecutado “por orden judicial, no por otro motivo” y sostuvo que el Gobierno nacional tuvo tiempo para modificar las normas. También afirmó que en España se ejecutan unos 25.500 desalojos por año y cuestionó la falta de avances en un plan oficial de construcción de viviendas.

La abogada Beatriz Duro señaló que incluso hubo personas dispuestas a asumir el costo del alquiler, pero que la propiedad debía aceptar un nuevo contrato. Según su explicación, la vivienda había sido adquirida a un precio bajo precisamente por la existencia del contrato de renta antigua, que tenía carácter vitalicio.

El Gobierno de Pedro Sánchez negocia un nuevo decreto destinado a proteger a inquilinos en situación de vulnerabilidad. Durante el debate también se mencionó la posibilidad de expropiar la vivienda con una indemnización al propietario, una alternativa que profundizó la disputa política y jurídica sobre el alcance de los derechos de propiedad y la asistencia estatal.

El conflicto expuso el costo de sostener reglas de alquiler desconectadas de los precios vigentes y, al mismo tiempo, la dificultad de resolver una situación de vulnerabilidad individual sin trasladar toda la carga a propietarios y al mercado inmobiliario. En el programa se advirtió que una protección generalizada de los inquilinos puede reducir la oferta y presionar sobre los precios, mientras España busca ampliar el acceso a la vivienda en las zonas de mayor demanda.