Una comisión del Congreso avanzó con un dictamen para crear una ley permanente destinada a las personas con discapacidad, en medio de una disputa dentro del Gobierno por el impacto presupuestario de la iniciativa.

El nuevo texto fue acordado en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto con participación del PRO, otros bloques aliados y legisladores oficialistas, según lo informado durante el programa.

La discusión se reactivó después de que el proyecto de Presupuesto 2027 incluyera cambios en las herramientas vinculadas con la discapacidad. La medida fue presentada como un recorte a los fondos destinados a ese sector.

El avance legislativo profundizó las diferencias entre sectores del oficialismo. La postura más restrictiva considera que el proyecto es demasiado expansivo en materia de gasto y que podría dificultar el cumplimiento del equilibrio fiscal.

Durante el programa también se planteó que las cuentas públicas enfrentan una presión adicional por la caída de la recaudación. Esa situación habría llevado al Gobierno a buscar nuevas áreas donde reducir gastos.

La discusión alcanzó a Patricia Bullrich, quien, según el relato difundido, cuestionó que las decisiones sobre el ajuste se tomaran sin informar a todos los integrantes de la mesa política. “Che, a mí no me tomen más de tonta, a mí me cuentan las cosas. Si no, yo no puedo defender los proyectos”, se le atribuyó haber dicho en una reunión.

El proyecto también generó reparos dentro del oficialismo por la posibilidad de que el Congreso modifique las prioridades presupuestarias definidas por el Poder Ejecutivo. La preocupación expresada por el ala más dura del Gobierno es que la norma altere el resultado fiscal previsto.

Desde el PRO defendieron el dictamen y plantearon que las personas con discapacidad no deben quedar alcanzadas por el ajuste, aunque también sostuvieron la necesidad de preservar el equilibrio fiscal.

El objetivo declarado por los impulsores de la iniciativa es abandonar el esquema de emergencia y establecer una norma permanente. De esa manera, las prestaciones no dependerían de renovaciones anuales ni de una nueva intervención del Congreso cada año.

El dictamen todavía no equivale a la sanción de una ley. El próximo capítulo de la disputa será definir el texto definitivo y el tratamiento parlamentario, mientras el Gobierno evalúa el costo fiscal y la posibilidad de modificar artículos durante la promulgación.