El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó más de 1.500 policías y agentes de distintas áreas en 15 villas porteñas, en el marco de un operativo simultáneo denominado “Tormenta Negra”. El procedimiento tuvo como objetivos reforzar la seguridad, detectar delitos y frenar el crecimiento de construcciones irregulares.
El operativo comenzó durante la tarde e involucró a efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, además de personal de tránsito, transporte, espacio público, bomberos y la Agencia Gubernamental de Control. También participaron equipos de descontaminación y otras áreas operativas.
Los procedimientos se realizaron en Villa 31, Villa 21-24, la Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Villa Mitre, Ciudad Oculta, Villa 20, Inta, Bermejo, Pepe Mujica, la 111-14, Saldías, Piletones y Fátima, entre otros barrios de emergencia de la Ciudad.
Durante el despliegue se efectuaron controles de vehículos y personas, requisas en busca de estupefacientes y el retiro de autos abandonados, basura y chatarra de las veredas. También se inspeccionaron locales comerciales, clínicas que funcionarían sin habilitación y corralones de materiales.
Según la información difundida durante el operativo, fueron clausurados corralones y se buscaron materiales de construcción no habilitados. La medida apunta a impedir que continúe la expansión de edificaciones irregulares en zonas donde, de acuerdo con el planteo oficial, la urbanización y la prestación de servicios no lograron evitar el crecimiento de los asentamientos.
La decisión fue vinculada con el mapa del delito elaborado por el Ministerio de Seguridad porteño. El dato citado durante el procedimiento sostiene que el 90% de los homicidios ocurridos en la Ciudad se concentra en el 10% del territorio, con especial atención sobre la Villa 31 y la 1-11-14.
El despliegue también dejó al menos una detención por tenencia de estupefacientes. La estrategia oficial busca intervenir sobre el narcomenudeo y las zonas señaladas como más conflictivas, aunque durante el procedimiento se remarcó que el combate contra bandas organizadas requiere tareas adicionales de inteligencia y trabajo de campo.
La operación forma parte de una política que el Gobierno porteño presentó como permanente y que prevé nuevos operativos de saturación en simultáneo. La justificación es que la presencia coordinada en distintos puntos permite realizar procedimientos sorpresivos y dificultar el traslado de drogas, armas y otros elementos vinculados con actividades delictivas.
El operativo reabrió además el debate sobre la urbanización de la Villa 31 y otros asentamientos. Durante el análisis de la medida se planteó que la inversión en infraestructura y servicios no fue acompañada por controles capaces de impedir nuevas ocupaciones y construcciones, lo que habría ampliado el problema habitacional y de seguridad en lugar de resolverlo.
