Javier Milei llevó esta semana la disputa por las Islas Malvinas a la Asamblea General de las Naciones Unidas y cuestionó las actividades británicas de exploración petrolera en el Atlántico Sur. La ofensiva agrega presión política a un conflicto que ya comenzó a trasladarse al terreno regulatorio, judicial y de inversión.
El Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios contra más de 60 empresas y personas vinculadas con un proyecto de perforación offshore. Además, mantiene 60 actuaciones administrativas sin penalización aplicada y tres denuncias penales que alcanzan a diez compañías y sus directivos. Las acusaciones todavía no fueron probadas.
La respuesta oficial de Buenos Aires también incluyó un proyecto de ley que amplía las prohibiciones sobre la utilización de recursos naturales en la plataforma continental argentina. La iniciativa será girada a comisión y podría encontrar respaldo transversal en los aspectos vinculados con la soberanía, aunque otras disposiciones podrían generar resistencia en un Congreso donde Milei no tiene mayoría propia.
El punto de fricción económica son las licencias para desarrollar hidrocarburos alrededor del archipiélago. La Asamblea Legislativa de las islas destacó que este mes se extendieron permisos de producción offshore con respaldo británico y presentó esa decisión como una señal de confianza en el futuro del territorio. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, propietarias del proyecto Sea Lion, señalaron que no esperan que las medidas argentinas frenen su desarrollo.
Para las empresas, sin embargo, la disputa incorpora una capa adicional de riesgo jurídico y operativo. Las licencias reconocidas por las autoridades de las islas y el Reino Unido son desconocidas por Argentina, que busca castigar a quienes participen en actividades que considera ilegales. Esa superposición de jurisdicciones puede elevar los costos de cumplimiento, complicar la financiación y afectar la evaluación de nuevos proyectos, aun cuando la perforación continúe.
El Reino Unido rechazó las medidas argentinas y sostuvo que las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales. Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las Falkland, afirmó que la población local mantiene su decisión de determinar su propio futuro y recordó que en el referéndum de 2013, con una participación del 92%, el 99,8% votó por conservar el estatus de territorio británico de ultramar con autogobierno.
Argentina sostiene que ese referéndum no resuelve la cuestión de soberanía y que la población del archipiélago fue implantada, por lo que el principio de autodeterminación no resulta aplicable. Milei también argumentó que la perforación contradice una resolución de la Asamblea General de la ONU de 1976, que instó a ambos países a resolver la disputa mediante el diálogo y evitar decisiones unilaterales.
La escalada tiene además una dimensión doméstica. La oposición peronista acusó al Gobierno de utilizar la cuestión Malvinas para mejorar su posición política y desplazar otros temas de la agenda. Una consultora porteña citada en la cobertura evaluó que el discurso presidencial produjo apenas una mejora moderada en la imagen de Milei, mientras que el conflicto mantiene un peso que trasciende a cualquier administración.
El resultado es un escenario en el que una disputa histórica empieza a funcionar como un factor de incertidumbre para el capital energético. La retórica presidencial, las sanciones y el proyecto de ley pueden reforzar la posición negociadora argentina, pero también aumentan la distancia entre las reglas que reconocen Londres y las que pretende aplicar Buenos Aires. En los proyectos offshore, esa diferencia no es un detalle diplomático: define quién puede otorgar permisos, qué contratos son ejecutables y cuánto riesgo debe absorber cada inversor.
