Una auditoría sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) detectó un desfasaje de $158.000 millones entre los registros de deuda de dos áreas del organismo, según los resultados presentados durante un informe periodístico. La revisión fue ordenada por el Gobierno después del desplazamiento de la cúpula de la agencia.

El análisis abarcó la gestión de Andis hasta la salida de Diego Spagnuolo y comparó la información de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad con los datos reportados por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS).

La diferencia surgió porque la DNASS, área encargada de implementar programas como Incluir Salud y de gestionar compras de medicamentos e insumos, informó una deuda $158.000 millones mayor que la registrada por el sector contable y presupuestario.

El hallazgo no equivale por sí mismo a una malversación comprobada. La exposición señaló que el monto correspondía a obligaciones que no habían quedado reflejadas en el sistema de control contable de Andis y que la diferencia deberá ser explicada y eventualmente investigada.

La auditoría también relevó el uso de la figura administrativa denominada “legítimo abono”. Ese mecanismo permite al Estado pagar bienes o servicios recibidos sin que hayan sido previamente adjudicados mediante una licitación pública o un concurso, de acuerdo con la explicación difundida.

Durante el período analizado, entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, Andis habría destinado $479.504 millones a prestadores y proveedores por la compra de medicamentos, insumos y servicios de logística.

El principal proveedor mencionado fue Suizo Argentina, que habría recibido $108.258 millones de ese total. La empresa negó haber participado de cualquier esquema de presuntos sobreprecios o irregularidades.

El caso se vincula con una investigación judicial que incluyó sospechas de presuntas coimas y sobreprecios en las compras realizadas a través de la DNASS. En sus presentaciones judiciales, el funcionario mencionado en el informe negó cualquier desvío, coima o sobreprecio.

La revisión vuelve a poner el foco en la calidad del gasto público destinado a discapacidad, en un momento en que el Congreso debate el diseño de una política permanente para el sector y el reemplazo del régimen de emergencia. El eje de la discusión es cómo ampliar y ordenar las prestaciones sin debilitar los controles sobre las contrataciones y los fondos asignados.