El sistema acusatorio podría comenzar a aplicarse en la Capital Federal en febrero de 2027, según afirmó Andrés Basso, juez federal y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. El magistrado señaló que la implementación depende de una decisión del Ministerio de Justicia y que también está prevista para marzo del mismo año en la jurisdicción federal de Córdoba.

“Ya está implementado en tres cuartas partes del país”, sostuvo Basso al describir el avance del nuevo Código Procesal Penal Federal. La semana anterior, explicó, el esquema comenzó a regir en la jurisdicción federal de La Plata, que incluye La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, Junín y Pehuajó, un territorio con más de seis millones de habitantes.

El cambio central del sistema es la separación entre la investigación y la decisión judicial. “Las investigaciones ya no van a estar más en cabeza de los jueces sino de los fiscales”, explicó Basso. De esta manera, el fiscal acusa, busca y reúne la prueba, mientras que el juez queda como “tercero imparcial” encargado de juzgar y decidir el derecho.

El magistrado sostuvo que el nuevo régimen incorpora una mayor atención a los plazos y que los primeros resultados en las jurisdicciones donde ya se aplica son “muy alentadores”. También afirmó que el modelo busca evitar que las instancias recursivas se extiendan durante años: “Las sentencias recursivas no pueden ser eternas”.

La puesta en marcha en la Capital Federal, sin embargo, requiere recursos humanos, infraestructura tecnológica y adecuaciones edilicias. “La situación óptima e ideal no la vamos a tener nunca porque siempre va a faltar alguna cuestión de recursos humanos, cuestiones técnicas informáticas y también edilicias”, advirtió Basso, aunque aseguró que se están dando pasos para que el distrito esté en condiciones de aplicar el código.

El presidente de la Asociación de Magistrados vinculó la reforma procesal con uno de los principales problemas de la Justicia: la demora en la resolución de los expedientes. Según indicó, el país llegó a niveles “inéditos” de vacantes, de alrededor del 40% entre el Poder Judicial y los ministerios públicos.

“El principal problema es el retardo que ocasiona en la resolución de los expedientes”, señaló. Explicó que, cuando faltan magistrados y funcionarios, un juez puede verse obligado a atender dos oficinas judiciales, lo que deteriora el funcionamiento del sistema y perjudica a los ciudadanos que recurren a la Justicia.

Basso también destacó que la cobertura de vacantes avanzó durante la gestión del ministro de Justicia, a quien atribuyó una política “proactiva” en respuesta a los reclamos de la asociación. De todos modos, pidió que el ritmo de designaciones continúe para reducir el impacto de las estructuras incompletas sobre los tiempos judiciales.

En relación con la Corte Suprema, recordó que la ley establece cinco integrantes y que actualmente existen dos vacantes. Por esa razón, el máximo tribunal recurre a conjueces para alcanzar las mayorías necesarias cuando no existe unanimidad. “No es lo óptimo”, afirmó, aunque consideró que la Corte está pudiendo resolver una cantidad importante de expedientes.

El juez estimó que la reforma acusatoria puede mejorar los tiempos de tramitación, aunque aclaró que no eliminará por sí sola todas las demoras. En los tribunales orales, dijo, cada unidad tiene aproximadamente entre 200 y 300 casos en trámite y enfrenta una agenda completa de juicios, además de las distintas instancias de revisión de las sentencias.