Argentina y Emiratos Árabes Unidos abrieron negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral, con la mira puesta en minería, minerales estratégicos, energía y agroindustria. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Comercio emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi anunciaron el inicio del diálogo el 24 de septiembre en Nueva York, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. No existe todavía un texto firmado, un cronograma ni compromisos de inversión publicados.

La negociación busca convertir una relación comercial todavía acotada en una vía de financiamiento para proyectos de gran escala. También incluye inteligencia artificial, centros de datos, productos farmacéuticos, industria aeroespacial, turismo y desarrollo urbano. El comercio bilateral no petrolero fue estimado en US$767,5 millones durante 2025, un 42,6% más que el año anterior, aunque circulan cifras diferentes sobre el total.

El atractivo argentino es concreto: cobre, litio y Vaca Muerta ofrecen activos exportables que requieren capital paciente, tecnología y obras de infraestructura. El interés emiratí ya tiene una expresión empresarial en la asociación entre YPF y XRG, el brazo internacional de la petrolera estatal de Abu Dhabi, junto con la italiana Eni. Ese consorcio impulsa Argentina LNG, un proyecto valuado en unos US$51.000 millones y diseñado para exportar 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado desde Río Negro.

La herramienta doméstica para acelerar esas inversiones es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, creado por la Ley 27.742. El RIGI fija un umbral de US$200 millones para la mayoría de los sectores y de US$600 millones para el petróleo y el gas offshore. Los proyectos estratégicos de exportación deben alcanzar US$2.000 millones y desembolsar inicialmente el 40% del mínimo requerido, aunque ese porcentaje puede reducirse al 20%.

A cambio, las empresas acceden a una alícuota de Ganancias del 25% durante la vida del proyecto, una tasa sobre dividendos del 7% que baja al 3,5% después de siete años, exenciones para importar bienes de capital y una reducción progresiva de los derechos de exportación. El régimen también ofrece mayor libertad para mantener y transferir divisas y promete estabilidad regulatoria por 30 años. La señal para el inversor es clara: menor exposición a cambios futuros de impuestos, controles y regulaciones.

El costo de esa previsibilidad está en el conflicto con proveedores y trabajadores locales. El RIGI exige que solo el 20% de los bienes y servicios de los proyectos provenga de proveedores argentinos, mientras que varias provincias mineras establecieron porcentajes mucho más elevados. Santa Cruz reclama 90% de mano de obra local y la mitad del gasto anual en proveedores dentro de la provincia; Catamarca, Salta y Jujuy fijaron umbrales cercanos al 70%, y San Juan estableció 80% de empleo local y 60% de compras provinciales.

La tensión refleja dos diagnósticos opuestos sobre el desarrollo. El Gobierno sostiene que obligar a comprar productos nacionales más caros protege a empresas ineficientes y encarece la economía. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que los argentinos llegan a pagar entre dos y cuatro veces más por bienes de peor calidad. La Unión Industrial Argentina, en cambio, reclama crédito y apoyo transitorio: su presidente, Martín Rapallini, afirmó que desde agosto de 2023 se perdieron 90.000 empleos industriales registrados.

La discusión no es abstracta. Un análisis publicado por Perfil calculó que los vehículos de proyectos habían importado US$284 millones hasta mediados de 2026 y que el 87% correspondía a productos metalúrgicos fabricados por empresas argentinas. Los tanques de acero representaron US$75,2 millones y los tubos para oleoductos, US$11,2 millones. Para las compañías, importar puede reducir costos y acelerar obras; para los proveedores locales, puede quitarles la escala necesaria para sobrevivir y competir.

Hasta ahora, el RIGI concentró sus aprobaciones en petróleo, gas y minería. Investigaciones citadas por Datagremial contabilizaron 21 proyectos por US$46.700 millones, asociados a unos 95.175 empleos directos e indirectos. En minería, 12 proyectos por alrededor de US$21.000 millones estaban aprobados sobre una cartera presentada de US$39.000 millones. La distribución territorial también es desigual: Neuquén, Río Negro y San Juan fueron las únicas provincias que sumaron empleo registrado bajo el gobierno de Javier Milei, mientras Tierra del Fuego perdió 13,1%.

El acuerdo con Emiratos podría agregar protección política y capital a un esquema que todavía debe demostrar cuánto empleo y proveedores genera fuera de los enclaves exportadores. También deberá resolver su compatibilidad con los compromisos argentinos dentro del Mercosur y la superposición entre reglas nacionales y provinciales de contenido local. Por ahora, la negociación es una señal para los mercados y no una entrada inmediata de dólares: el resultado dependerá de que la estabilidad prometida sea creíble, de que los proyectos puedan importar a costos competitivos y de que el Estado no convierta cada inversión en una disputa regulatoria adicional.