Estados Unidos y Argentina presentaron el corredor Andes-Atlántico, un plan para vincular los yacimientos de petróleo, gas y minerales del interior argentino con puertos del Atlántico. La iniciativa contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta US$7.000 millones hasta 2027, aunque esa cifra funciona como un techo potencial y no como un desembolso comprometido.
El esquema se apoya en el marco Build the Future, firmado por Argentina con el Export-Import Bank of the United States (EXIM). La agencia de crédito a la exportación financia a compradores extranjeros para que adquieran bienes y servicios estadounidenses. También podrían participar la International Development Finance Corporation y la Trade and Development Agency, con préstamos, inversiones y estudios de factibilidad.
La mayor parte del monto está asociada a Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas que YPF impulsa junto con Eni y XRG, el brazo inversor de Emiratos Árabes Unidos. El desarrollo requiere una inversión total estimada en US$51.000 millones y prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a Río Negro, con capacidad para exportar 12 millones de toneladas anuales.
EXIM emitió una hoja de términos indicativa y no vinculante por hasta US$6.000 millones para ese proyecto. El financiamiento estaría destinado a equipos y contratistas estadounidenses, entre ellos McDermott, a cargo de una planta de procesamiento, y Pumpco, de MasTec, que tiene un contrato para construir un gasoducto valuado en más de US$1.000 millones. La decisión final de inversión de YPF está prevista para el último trimestre de 2026.
La diferencia entre una línea potencial y un préstamo firmado es central para medir el alcance económico del anuncio. El capital quedará condicionado a que los proyectos avancen, cumplan los requisitos de EXIM y demanden proveedores estadounidenses. El corredor, por lo tanto, puede reducir el costo financiero y acelerar obras, pero también ata parte de la ejecución a condiciones comerciales y tecnológicas definidas por Washington.
El componente logístico se apoya en concesiones que Argentina ya había puesto en marcha. El Gobierno licitó por 50 años los ferrocarriles Belgrano, San Martín y Urquiza, que en conjunto abarcan 7.594 kilómetros de vías. También se estudian conexiones ferroviarias entre Vaca Muerta y Bahía Blanca, mientras que la Hidrovía Paraná-Paraguay y la línea eléctrica AMBA I aparecen entre las obras contempladas. Las ofertas por los ramales ferroviarios deben presentarse el 11 de noviembre.
En minería, el alcance es todavía más abierto. El corredor menciona el traslado de litio y cobre desde Salta, Jujuy y Catamarca, pero no identifica minas ni proyectos concretos. Ambos países buscarán oportunidades bajo el marco de minerales críticos firmado en febrero, cuya ratificación por parte del Congreso argentino aún está pendiente. Una delegación estadounidense tiene previsto visitar Jujuy y Salta en octubre.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones será una pieza relevante para atraer esos proyectos. El RIGI congela reglas tributarias, aduaneras y cambiarias para inversiones de al menos US$200 millones, una previsibilidad que busca compensar el riesgo regulatorio argentino. El desafío será convertir esa protección normativa y la infraestructura prometida en contratos, obras y exportaciones efectivas sin confundir anuncios de financiamiento con capital ya disponible.
El corredor fue presentado el 23 de septiembre por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, dentro de la Asociación para la Inversión y la Infraestructura Global del G7. Su primera prueba será la decisión final de Argentina LNG y, después, la licitación ferroviaria. Si ambos procesos avanzan, el acuerdo podría ordenar una plataforma exportadora para energía y minerales; si se demoran, los US$7.000 millones quedarán como una capacidad financiera potencial, no como un flujo inmediato hacia la economía argentina.
