El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, afirmó que su país respalda el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, aunque describió al mismo tiempo una situación de hecho: un país amigo, el Reino Unido, ejerce la soberanía sobre el archipiélago desde hace unos 200 años. La formulación introdujo una tensión en una posición chilena que, en términos formales, se mantiene alineada con Buenos Aires.

“Chile ha dicho que apoya el reclamo argentino, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falklands”, declaró Barros a Radio Polar durante una visita a la región de Magallanes. A continuación, señaló que existe una situación de facto y que cualquier apoyo a un reclamo contra un país amigo debe desarrollarse conforme al derecho internacional, mediante medios pacíficos y respetando la voluntad y los intereses de la población involucrada.

La elección de las palabras tiene relevancia diplomática. Argentina define la presencia británica como una ocupación iniciada por la fuerza en 1833 y rechaza que los habitantes de las islas puedan decidir por sí solos la soberanía del territorio. Londres, en cambio, sostiene su posición sobre el derecho de los isleños a determinar su futuro. Al incorporar la “voluntad” de la población, Barros utilizó un lenguaje más cercano a la interpretación británica que a la argentina.

El ministro no retiró el respaldo chileno ni reconoció formalmente la soberanía británica. De hecho, el presidente José Antonio Kast firmó en abril una declaración conjunta en Buenos Aires en apoyo de los derechos argentinos sobre las islas y las aguas circundantes. En junio, durante la cumbre del Mercosur, Chile acompañó una declaración sobre los “legítimos derechos” argentinos, y Kast volvió a expresar esa posición en Santiago el 3 de septiembre.

La diferencia entre la línea oficial y las palabras de Barros puede convertirse en un problema político para el gobierno chileno. El canciller Pérez Mackenna fue convocado por la Cámara baja para responder preguntas sobre política exterior, y los legisladores podrían pedir precisiones sobre si el ministro de Defensa habló en nombre del Ejecutivo o introdujo una valoración propia.

La dimensión económica también pesa en la discusión. Unos 25 empresarios de las Islas Malvinas tienen previsto viajar a Punta Arenas para mantener reuniones el 28 y 29 de septiembre, mientras una compañía naviera chilena prepara la apertura de una segunda conexión marítima sudamericana con el archipiélago, después de Montevideo. El primer viaje está previsto para noviembre.

Barros dijo que Chile y Magallanes tienen derecho a comerciar con las islas dentro del marco legal y que no veía problemas en una ruta de ese tipo. Para la región, una conexión regular puede ampliar oportunidades comerciales y logísticas. Para Buenos Aires, sin embargo, cualquier vínculo económico que ignore su reclamo puede debilitar la presión diplomática sobre el Reino Unido y otorgar mayor normalidad a la administración británica del territorio.

La disputa ya afecta la relación bilateral en otros frentes, incluida la discusión sobre las descripciones argentinas del estrecho de Magallanes como aguas compartidas. El antecedente de la guerra de 1982 también limita el margen político chileno: aunque el gobierno de Augusto Pinochet declaró neutralidad, archivos británicos muestran que Chile ayudó en secreto al Reino Unido. Esa memoria hace que cada cambio de lenguaje en Santiago sea leído en Buenos Aires como una señal estratégica, no como una simple precisión semántica.

Hasta la tarde del domingo no se había informado una reacción de la Cancillería argentina. La declaración de Barros no modifica por sí sola la posición oficial de Chile, pero expone el costo de mantener simultáneamente un respaldo diplomático a la Argentina, una relación amistosa con el Reino Unido y una agenda comercial regional que incluye a las islas. La disputa vuelve así a moverse en el terreno donde las palabras, los incentivos económicos y los hechos consumados pueden alterar el equilibrio político sin necesidad de una ruptura formal.