El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que la dolarización de carteras podría sumar una demanda adicional de US$7.000 millones durante los cuatro meses previos a las elecciones. El cálculo contempla tanto compras de dólares por parte de particulares como decisiones empresariales para adelantar importaciones.

“Yo calculo 7000 millones de dólares extra en los 4 meses previos a las elecciones”, habría señalado Caputo ante inversores en Nueva York, según lo informado durante una emisión financiera. El monto se agregaría a la compra habitual de divisas por parte de los ahorristas.

El último dato mencionado del Banco Central indica que alrededor de 1,7 millones de personas compraron US$2.500 millones en un mes. La cifra se utilizó como referencia para dimensionar la demanda minorista de dólares y su posible aceleración en la etapa electoral.

El escenario de mayor presión cambiaria también incluye los pesos colocados en instrumentos de corto plazo. Se señaló que el sector privado mantiene unos $68 billones en plazos fijos, equivalentes a más de US$40.000 millones según la conversión utilizada en el análisis.

A ese stock se sumarían unos $50 billones depositados en cuentas corrientes y cajas de ahorro, equivalentes a aproximadamente US$35.000 millones. La suma de ambos montos alcanza los US$75.000 millones, aunque se trata de una medida del dinero potencialmente disponible y no de una proyección de dolarización efectiva.

La conversión de esos pesos a dólares dependería de las tasas de interés, las expectativas cambiarias y la necesidad de liquidez de familias y empresas. Una suba de tasas podría favorecer la renovación de los depósitos, pero también encarecer el crédito y agravar la morosidad.

Los últimos datos del Banco Central citados ubican la mora de las familias en 12,9%, frente al 12,8% anterior, mientras que la morosidad de las empresas pasó de 3,4% a 3,5%. El nivel de incumplimiento fue presentado como un límite para utilizar tasas más altas como mecanismo de contención de la demanda de dólares.

El mercado también enfrenta vencimientos de deuda en pesos. Un ejercicio de la consultora Luis Q uantum, vinculada a Daniel Marx, calculó en $170 billones los compromisos del Gobierno hasta diciembre, equivalentes a más de US$100.000 millones según la referencia mencionada.

La renovación de esa deuda plantea una tensión entre costo financiero y presión cambiaria: tasas más elevadas pueden incentivar el rollover, pero aumentan los intereses y encarecen el crédito para el sector privado; tasas más bajas, en cambio, pueden impulsar la búsqueda de cobertura en dólares.

En paralelo, se señaló que el Gobierno interviene en los mercados de futuros y dólar linked, además de utilizar ventas directas de divisas del Tesoro para contener la cotización. Las empresas continúan alcanzadas por restricciones cruzadas que limitan el acceso simultáneo al mercado oficial y a los dólares financieros, mientras que el RIGI mantiene un régimen de mayor disponibilidad para grandes inversiones.

La presión se produce mientras el riesgo país supera los 600 puntos y las tasas internacionales permanecen elevadas. En ese contexto, el acceso del Estado argentino al financiamiento externo se vuelve más costoso y aumenta la importancia de acumular reservas para afrontar los vencimientos y sostener la confianza en el programa financiero.