El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna enfrenta este lunes la primera interpelación a un ministro de Relaciones Exteriores desde que el mecanismo fue incorporado a la Constitución en 2005. La sesión ocurre pocos días después de que el presidente José Antonio Kast incorporara a Chile como miembro pleno del Escudo de las Américas, una coalición impulsada por Estados Unidos contra el crimen organizado transnacional.
La discusión excede la cooperación policial. La declaración conjunta publicada por el Departamento de Estado estadounidense también incluye el control de inversiones extranjeras, las cadenas de suministro de minerales críticos y el uso de proveedores digitales considerados confiables. En consecuencia, el acuerdo introduce una dimensión económica en un pacto presentado inicialmente como una herramienta de seguridad.
Para Chile, la tensión es especialmente sensible. El país es el principal productor mundial de cobre y China compra más del 40% de sus exportaciones, según La Tercera. Cualquier compromiso que modifique el tratamiento de las inversiones o de las cadenas de minerales puede afectar las decisiones de capital en sectores donde la demanda china y el acceso a financiamiento internacional son variables centrales.
El Gobierno sostiene que no existe subordinación a Washington. Pérez Mackenna afirmó que el Escudo no está vinculado con el uso de fuerzas y Kast descartó que habilite operaciones militares estadounidenses en territorio chileno. La Cancillería también consiguió incorporar al texto la referencia a que las medidas deben aplicarse de manera no discriminatoria y de acuerdo con las obligaciones legales de cada país.
Ese agregado reduce el margen para interpretar el pacto como un bloqueo automático a China, pero no elimina la incertidumbre. El ex canciller Ignacio Walker sostuvo que las cláusulas sobre minerales y tecnología apuntan a Beijing y no únicamente a los carteles. El problema económico aparece allí: un filtro de seguridad puede proteger activos estratégicos, pero también elevar los costos de entrada, reducir la competencia por proyectos y encarecer el capital si se transforma en una herramienta de selección política.
La oposición aprovechará la interpelación para vincular el pacto con una cadena más amplia de decisiones exteriores. Entre los temas figuran el arancel estadounidense del 12,5% sobre los bienes chilenos, el abandono del Movimiento de Países No Alineados y las tensiones con Argentina después de que un alto oficial de la Fuerza Aérea argentina incluyera al estrecho de Magallanes dentro de la soberanía de su país. Chile reivindica su control mediante los tratados de 1881 y 1984.
La relación con Argentina agrega un riesgo estratégico, aunque no hay cambios inmediatos en el comercio ni nuevas restricciones para residentes, viajeros o inversores. La interpelación puede obligar a Santiago a precisar si el nuevo alineamiento modifica su margen de maniobra frente a Buenos Aires y cómo piensa proteger sus intereses en un escenario de mayor competencia entre Estados Unidos y China por el acceso a recursos críticos.
El próximo punto de conflicto será institucional. El Senado convocó para el 7 de octubre a Pérez Mackenna, al ministro de Defensa Fernando Barros y al titular de Seguridad Martín Arrau para discutir el acuerdo. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, sostiene que, si el Escudo constituye un tratado, debe ser ratificado por el Congreso; el Gobierno afirma que no lo es. Esa definición determinará cuánto poder conserva el Ejecutivo para asumir compromisos con impacto económico sin una autorización parlamentaria específica.
La interpelación no puede remover al canciller ni modifica por sí sola la pertenencia de Chile al pacto. El mercado, sin embargo, tendrá que seguir algo más concreto que las declaraciones políticas: qué inversiones quedarán sujetas a revisión, cómo se aplicará el principio de no discriminación y si las nuevas exigencias alterarán la competencia por el cobre, el litio y la infraestructura digital. En esos detalles se medirá si el alineamiento mejora la seguridad de las cadenas de suministro o si termina convirtiéndose en una barrera adicional para el capital y el comercio.
