El Gobierno argentino recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la explotación petrolera en las islas Malvinas, en una ofensiva diplomática que también incluye una protesta contra la empresa aérea británica Tales UK Limited.
La medida fue presentada como una instrucción del presidente Javier Milei al canciller, quien firmó la orden para avanzar con la denuncia. El planteo se encuadra en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como Convemar.
La presentación buscará cuestionar las medidas unilaterales implementadas por el Reino Unido en torno de los recursos del Atlántico Sur. La estrategia apunta a elevar el costo legal y reputacional de las operaciones vinculadas con el petróleo en el área disputada.
Durante el análisis de la medida se sostuvo que el recurso puede “dañar la reputación de las empresas, agregarle un peso a las empresas, hacerle más onerosa la actividad económica en Malvinas” y disuadir a nuevos operadores de participar en esas actividades.
El Gobierno también deberá evaluar el papel de Chile, luego de que unas 40 empresas de las islas y de ese país fueran convocadas a una rueda de negocios de dos días en Punta Arenas. El encuentro, denominado Punta Arenas Business Showroom, busca ampliar los negocios y fortalecer una ruta marítima de abastecimiento hacia las islas.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, describió el objetivo de la iniciativa como la creación de “el gran supermercado, el gran home center de la isla para los habitantes de la isla”. La actividad fue interpretada como un posible desafío a la posición argentina sobre la soberanía y la explotación de recursos en el Atlántico Sur.
La discusión incorpora además el eventual uso del estrecho de Magallanes para el traslado de bienes hacia las islas. Según el planteo expuesto, la Argentina podría analizar si esas operaciones afectan las reglas de paso previstas por el artículo 19 de la Convemar, que regula el tránsito inocente de buques extranjeros por el mar territorial.
Ese artículo establece que el paso deja de ser inocente cuando resulta perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño, e incluye entre los supuestos relevantes el embarque o desembarque ilegal de personas o mercaderías. La aplicación concreta de esa norma sobre la ruta entre Chile y las islas todavía deberá ser definida.
La iniciativa se produce en un contexto de mayor actividad diplomática y comercial alrededor del Atlántico Sur. La disputa involucra los reclamos argentinos de soberanía, la presencia británica y el interés empresario sobre recursos energéticos, transporte y abastecimiento.



