ARCA ajustó las garantías de actuación exigidas a 24 grandes empresas que operan bajo los regímenes de Aduanas Domiciliarias y de Aduana en Factoría, en una medida que impacta sobre compañías relevantes del comercio exterior argentino. Entre las firmas alcanzadas figuran Toyota, Ford, Volkswagen, Renault, Stellantis, Arcor, Bayer y Siderca.
La resolución establece un nuevo importe para la garantía correspondiente a cada empresa, aunque los montos concretos quedaron incorporados en anexos reservados por razones de confidencialidad aduanera y secreto fiscal. Por eso, la norma publicada permite conocer quiénes están alcanzados y el mecanismo aplicado, pero no expone públicamente cuánto deberá garantizar cada firma.
El cambio se apoya en los regímenes que permiten esquemas aduaneros especiales para grandes operadores. La normativa vigente contempla que las garantías globales se determinen considerando variables como el patrimonio de la empresa, el volumen de importaciones y exportaciones, los tributos pagados y garantizados y los estímulos percibidos por exportaciones durante el último ejercicio fiscal.
La propia resolución señala que la División Operador Económico Autorizado propuso actualizar los montos para adecuarlos a los parámetros utilizados por la Dirección General de Aduanas. El objetivo declarado es ajustar la cobertura de las garantías y resguardar la renta fiscal, sin modificar en esta norma las condiciones generales de funcionamiento de los regímenes.
Para las empresas involucradas, el efecto inmediato es financiero y operativo: deberán renovar o reajustar sus garantías cuando corresponda. ARCA les otorgó diez días desde la notificación para cumplir con la nueva exigencia, lo que convierte a la resolución en una obligación concreta de corto plazo para los operadores alcanzados.
La medida también muestra la importancia que tienen las garantías dentro de los esquemas aduaneros especiales. No son un impuesto adicional en sí mismas, pero pueden generar necesidades de respaldo financiero y costos asociados a la operatoria, dependiendo de los importes que correspondan a cada compañía. En este caso, la falta de publicación de esos valores impide dimensionar el impacto monetario empresa por empresa.
Hay además una diferencia relevante para las compañías que cuentan con la categoría OEA-SEGURIDAD. Una resolución de 2024 estableció que, para las firmas usuarias de Aduanas Domiciliarias con esa categoría, se considera satisfecha la obligación de mantener garantías cuando alcanzan el 50% del importe oportunamente establecido para ese régimen. Ese antecedente forma parte de los parámetros considerados para el nuevo ajuste.
El alcance empresarial de la resolución es amplio dentro de los regímenes involucrados: incluye automotrices, compañías industriales, alimenticias, farmacéuticas, tecnológicas y de bienes de consumo. Sin embargo, con los montos de los anexos bajo reserva no hay elementos suficientes para determinar qué empresas enfrentarán el mayor cambio ni cuánto podría representar para sus costos financieros.
La novedad, por ahora, está en la actualización de las garantías y en el plazo de diez días para adecuarlas. El impacto económico más preciso dependerá de los importes individuales fijados para cada firma y de cómo esas nuevas exigencias se traduzcan en sus estructuras de financiamiento y en la operatoria cotidiana del comercio exterior.
