El Ministerio de Justicia dio por terminado un sumario administrativo iniciado contra el encargado de un Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Quilmes, pero el expediente dejó un dato económico concreto: la Sindicatura General de la Nación determinó un perjuicio fiscal de $57,7 millones al 26 de agosto de 2026, más los intereses que correspondan al momento del cobro.
La investigación había comenzado a partir de una auditoría realizada entre el 8 y el 27 de noviembre de 2023 y luego fue ampliada para analizar, entre otros puntos, el giro de remesas a la administración central. La instrucción había recomendado la remoción del encargado tras detectar incumplimientos en materia arancelaria, técnico-registral, orgánica, funcional e impositiva.
El expediente no terminó con una sanción disciplinaria. El Ministerio informó que Enrique Luis Genoud, encargado titular del registro, falleció el 3 de marzo de 2026. Por ese motivo, la autoridad declaró extinguida la acción disciplinaria y dio por concluido el sumario, dado que una sanción personal ya no podía ejecutarse.
Eso no cerró la cuestión patrimonial. La propia investigación había estimado inicialmente el perjuicio fiscal en $34,4 millones, pero la evaluación posterior de la SIGEN elevó el monto a $57,7 millones al 26 de agosto. La diferencia muestra que el reclamo económico y la responsabilidad disciplinaria siguieron caminos distintos dentro del expediente.
Uno de los puntos centrales estuvo en el manejo de fondos percibidos por el Registro y en la omisión del giro de remesas que, según la investigación administrativa, correspondían a la Administración Central. El organismo calificó el perjuicio como de relevante significación económica y ordenó a las áreas competentes del Ministerio de Justicia realizar las gestiones administrativas y judiciales necesarias para procurar su recupero.
El caso también tiene una derivación judicial. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios había presentado una denuncia ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata por las irregularidades vinculadas al giro de remesas. Esa presentación dio origen a una causa penal por presunta defraudación contra la Administración Pública, que quedó radicada en el Juzgado Federal de Quilmes y continúa en trámite.
Para las cuentas públicas, el punto relevante es que el cierre del sumario no equivale a la desaparición del perjuicio económico identificado. La disposición establece expresamente que los $57,7 millones corresponden a un menoscabo patrimonial del Estado Nacional y que el monto deberá contemplar los intereses que correspondan cuando se produzca el efectivo cobro.
El episodio deja además una diferencia importante entre control administrativo y recupero efectivo. La investigación permitió cuantificar el perjuicio y activar los mecanismos previstos para reclamarlo, pero la disposición no informa que esos fondos hayan sido recuperados. Por ahora, el resultado económico para el Estado depende de las gestiones administrativas y judiciales que fueron ordenadas y de la evolución de la causa penal en trámite.
